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No se negocian recursos ni extradición: Segob

Staff/
El Diario de Juárez

2018-02-04

El Gobierno Federal no negoció ni con recursos ni con extradiciones, los acuerdos signados entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Chihuahua son honorables y arreglan el problema que había entre los dos niveles de gobierno, aseguró Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, a través de un comunicado.
“No negociamos entregar 900 millones en la Federación, ni negociamos ir en una persecución política sobre un exgobernador, el Gobierno de la República no utiliza sus instrumentos para hacer campaña política”, aclaró.
Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmó un acuerdo con el Gobierno Federal para la entrega de 900 millones de pesos y extradición del exgobernador, César Duarte Jáquez, el secretario de Gobernación fijó su postura en torno al hecho.
Navarrete Prida destacó que el acuerdo logra dar carpetazo a un movimiento que ningún mexicano quería y que se logró resolver con diálogo.
“Eso se llama gobernabilidad y es una responsabilidad de la política interior. Creo que la función de la Secretaría de Gobernación es esta, y la estamos cumpliendo con claridad y de frente a la sociedad”, dijo.
“No queremos ver a un gobernador marchando, lo queremos ver dialogando y llegando a acuerdos. Lo que finalmente ocurrió”, añadió el funcionario.
Para el Gobierno de la República, continuó, el conflicto con el gobierno de Chihuahua nunca fue un tema de campañas políticas, por el contrario desde un principio se atendió con toda seriedad, con argumentos y de muy buena fe.
El gobierno estatal de Chihuahua, dijo, se comprometió a trasladar a un procesado a un penal federal, lo que permitirá que se investigue el delito de tortura y se castigue a quienes resulten responsables.
“Un organismo internacional identificará bajo el protocolo correspondiente, si existe o no existe evidencia de dicha acusación”, dijo.
Además, el gobierno de Chihuahua entregará a una instancia ministerial federal las carpetas de investigación solicitadas con relación a un supuesto desvío de recursos federales para un partido político y se logró acordar que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno estatal formalicen la entrega de recursos que había quedado pendiente el año anterior, concluyó.

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