Agencia Reforma
2018-01-29
Ciudad de México— Aunque el Gobierno mexicano mejoró su calificación en la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA) dada a conocer ayer, tiene un alto grado de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.
De acuerdo con los resultados de la EPA, México obtuvo un calificación global de 79 sobre 100 puntos, que lo coloca como una de las naciones que más información fiscal proporciona, sobre todo en lo referente a la planeación y publicación presupuestaria.
Sin embargo, falla en la fiscalización de cómo se ejercen los recursos, en donde la Cámara de Diputados obtuvo una calificación de 20 sobre 100, así como en la inclusión de la participación ciudadana, donde el puntaje fue de 35 sobre 100.
Fundar, una organización independiente dedicada al análisis presupuestario y a la transparencia, y que en México colabora para la Encuesta, advirtió que otro aspecto preocupante es el de los fideicomisos públicos, pues ejercen una gran cantidad de recursos sin rendir cuentas claras de cómo los gastan y no tienen controles necesarios para disminuir los riesgos de hacer mal uso del dinero.
Entrevistada vía telefónica, Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, indicó que al 30 septiembre pasado existían 335 fideicomisos con un saldo disponible acumulado de 682 mil 557 millones de pesos, lo cual equivale al 3 por ciento del PIB, y al 13 por ciento del presupuesto aprobado para 2018.
“Los fideicomisos en sí mismos son figuras financieras que pueden ser muy opacas a pesar de que en México hay avances en materia de transparencia. En la Ley General de Transparencia hay un apartado específico sobre información relacionada con fideicomisos que tiene que estar pública sin necesidad que medie una solicitud y, sin embargo, no se cumple”, subrayó.
La EPA, que a nivel mundial es conocida como Open Budget Survey, se da a conocer cada dos años y es la única medida independiente, comparativa y regular de la transparencia pública presupuestaria y la rendición de cuentas en todo el mundo.
En 2015 México obtuvo una calificación de 66 sobre 100.
Iván Benumea, quien coordinó al equipo de Fundar en el estudio, resaltó la débil fiscalización que realiza el Congreso sobre el ejercicio del gasto, lo que deja amplio margen de maniobra para que la Secretaría de Hacienda asigne recursos de manera discrecional o con criterios políticos.
“Conforme a la Encuesta de Presupuesto Abierto, la Cámara de Diputados debería asumir un control más riguroso respecto del ejercicio de los recursos públicos.
“Esto implica que, por ejemplo, las comisiones al interior de la Cámara de Diputados se reúnan para discutir cómo se ha ejercido el gasto a lo largo del año y que también revisen los diversos documentos que envía la Secretaría de Hacienda respecto de la difusión del gasto”, expuso el especialista. (Rolando Herrera/Agencia Reforma)