Agencia Reforma
2018-01-28Ciudad de México— Unas 20 organizaciones de la sociedad civil y la Iniciativa Privada exigieron poner fin a la discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda maneja los recursos que entrega a las entidades federativas y que son utilizados políticamente para premiar o castigar.
En un pronunciamiento, los ciudadanos demandaron al Congreso de la Unión citar a comparecer al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, para que rinda cuentas sobre el uso que se le han dado al Ramo 23.
Las agrupaciones se refirieron al tema en medio del conflicto que protagonizan el Gobierno de Chihuahua y Hacienda por el pago de tres convenios de 780 millones de pesos.
Según el documento la dependencia federal tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales, modificar los presupuestos aprobados y asignados, a través de las adecuaciones presupuestales y mediante el Ramo 23, de Previsiones Salariales y Económicas.
“Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”, denunciaron.
“Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados”.
Las organizaciones, muchas de las cuales participaron en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtieron que es obligación del Congreso exigir una explicación a Hacienda sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido.
Denunciaron que la débil rendición de cuentas del Poder Legislativo pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes, por lo que es necesario abrir un debate sobre las reformas legales que pongan freno al uso discrecional, político y electoral del presupuesto.
“Exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”, pidieron.
Los ciudadanos también advirtieron sobre la responsabilidad de los gobernadores en los bajos niveles de recaudación locales, lo que genera una abierta dependencia de las aportaciones, participaciones y convenios con el Gobierno federal.
“Es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la pereza fiscal que los ha caracterizado. Que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al Gobierno federal”, agregaron.
El pronunciamiento está firmado por Causa en Común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Ciudadanos Contra la Corrupción, Ciudadanos por la Transparencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y Nuevo León; Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas e Impunidad Cero.
También fue respaldado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mexicanos Primero, México, México Evalúa, México SOS, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sociedad en Movimiento y Transparencia Mexicana.