Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
En la última década, México duplicó su presupuesto militar y este sexenio se convirtió en el principal comprador de armas de América Latina, se expuso ayer en un foro.
De acuerdo con Víctor Hugo Carlos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el gasto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó de 32 mil millones de pesos en 2007, a 69 mil 407.9 millones de pesos en 2017.
Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Marina, dijo el ponente, que al inicio del periodo analizado recibía un presupuesto de 10 mil millones 951 mil millones de pesos y, diez años después, era de 26 mil 336.8 millones.
En los tres primeros años del sexenio actual, agregó, se erogaron además dos mil 35 millones 822 mil dólares en armamento y equipo militar procedente de Estados Unidos.
La participación fue parte del Foro Regional Sobre la Ley de Seguridad Interior organizado por el Movimiento contra la Militarización de esta frontera y realizado en un salón de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
En cuatro ponencias, se analizaron los motivos, técnicas, contextos y fines de la militarización de la seguridad en México que, se enfatizó, no sólo ha generado miles de violaciones a los derechos humanos, sino nuevas formas de convivencia que normalizan la violencia.
“La militarización que recorre a México y a América Latina es un proceso que excede a la actuación del Estado, es propiamente inculcar modelos de comportamiento y socialización que remitan a lo militar, a ser soldados, a seguir órdenes, a homogeneizar a la población, por ejemplo a través de la difusión del individualismo y las posibilidades del consumo o la fascinación por el consumo”, dijo el investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, David Barrios, durante su participación.
“Y, en su expresión más cruda, a difundir la idea de que el otro, el de enfrente, es un potencial enemigo al que hay que aniquilar, porque en eso se juega mi propia vida; es decir, que el principio general de convivencia sea la competencia por vivir y morir”, agregó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Barrios expuso sobre “el contexto global de la militarización: nuevo imperialismo”, mencionando que lo que inició como “guerra contra el narcotráfico”, y en la que se cometieron miles de crímenes, como la masacre de Villas de Salvárcar o la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, “se ha convertido en una forma de gobierno a través de la militarización de la sociedad y de la seguridad como una política pública”.
La investigadora del Colegio de la Frontera, Julia Monárrez, también planteó que la violencia reconfigura no sólo a las víctimas directas, sino a las sociedades, proveyendo nuevos principios morales que inhiben la compasión y la empatía.
“Y ¿cuál es esa nueva moral? No sentir compasión por quien sufre, no acercarte a su dolor y no acompañar en el dolor”, dijo.
En el mismo sentido, Erick Urizar, del centro de Derechos Humanos Paso del Norte, expuso cómo una investigación sobre el impacto sicosocial de la Operación Conjunta Chihuahua en esta frontera –donde se registró más de la mitad de las víctimas mortales– mostró un aumento de la desconfianza y la sospecha, “generando mayor apatía e indiferencia social”.