Iris Velázquez/
Agencia Reforma
Ciudad de México— El exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge fue extraditado ayer de Panamá e inmediatamente llevado a un juez para acusarlo de lavado de dinero por la venta ilegal de terrenos.
La PGR sostuvo que Borge vendió 22 predios que formaban parte de la reserva natural y que después los remató a familiares y amigos con precios por debajo de las valuaciones en sitios denominados "paraíso" como Tulum.
Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Federal de Nezahualcóyotl, el Ministerio Público afirmó que esos 22 predios formaban parte Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) y que con su adquisición se abrió las puertas para que testaferros y empresas fantasma se hicieran de esos terrenos.
Se explicó que los predios fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, aunque el precio real fue de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
La diferencia es de 900 millones 99 mil 418 pesos, lo que fue señalado como quebranto al patrimonio de la entidad
La PGR señaló que un personaje clave en el plan de Borge fue Claudia Romanillos Villanueva, a quien Borge nombró como directora del IPAE.
Fraude con predios
Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017, Romanillos estructuró el plan para que esos predios fueran vendidos a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.
La PGR señaló a Borge como el autor que ideó el plan de adquisición y posterior enajenación de los predios, y colocó a Romanillos como coautora.
Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE, en la gestión de Romanillos.
En la acusación inicial la PGR aseguró que esos predios tenían un valor comercial inicial de 5 mil millones de pesos.
Dos terrenos en Cozumel de 116 mil 196 metros cuadrados, a un costo de 137 pesos por metro cuadrado, fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, quien no fue consignada en este expediente.
El 24 de febrero de 2017, la SEIDO aseguró los bienes a la madre de Borge.
En la audiencia Borge se reservó su derecho a declarar.