Zedryk Raziel/
Agencia Reforma
Ciudad de México— Un total de 26 alcaldes han sido asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Nueve de los ediles pertenecían al PRI, siete al PRD, tres al PAN y dos al PVEM; los demás militaban en MC, Panal, PT o a organizaciones indígenas.
La mayoría de las víctimas, seis, fueron ejecutadas en municipios de Oaxaca, cuatro en Puebla, tres en Michoacán, tres en Veracruz, dos en Chiapas, dos en Guerrero, y una en Chihuahua, Jalisco, Morelos, Edomex, Guanajuato y Colima.
En la lista se encuentran Ygnacio López Mendoza, alcalde petista de Santa Ana Maya, Michoacán, que en noviembre de 2013 fue plagiado, torturado y asesinado, luego de que denunció que era víctima de extorsión por el crimen organizado.
También se cuenta a la perredista Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, asesinada en su casa por un grupo armado apenas un día después de haber tomado protesta, en enero de 2016.
El 23 de julio de ese año murió en una emboscada Ambrosio Soto Duarte, Edil de Pungarabato, Guerrero, también del PRD, quien gozaba de la protección de elementos federales tras haber denunciado amenazas del crimen organizado.
Meses después, el 17 de diciembre, a 14 días de finalizar su mandato, el alcalde perredista de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, José Villanueva Rodríguez, fue ejecutado cuando cenaba con su hermano.
La lista de víctimas del PRD culmina con el homicidio de Arturo Gómez Pérez, Presidente Municipal de Petatlán, Guerrero, asesinado la noche del pasado jueves en un restaurante.
Esta semana fueron asesinados otras dos autoridades perredistas: Saúl Galindo, diputado local de Jalisco ultimado el jueves, y Gabriel Hernández Arias, regidor de Jalapa, Tabasco, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer.
Ángel Ávila, secretario general del sol azteca, urgió una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para discutir la aplicación de una estrategia de seguridad en coordinación con los Gobiernos estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“La estrategia de seguridad no se implementa de un día a otro, por eso mi llamado enérgico e insistente a que el Gobierno federal, los Gobiernos estatales y el INE diseñen un plan emergente de seguridad rumbo a las elecciones para darle seguridad, no sólo a los candidatos o a los partidos políticos, sino darle garantías a la ciudadanía de que puede participar activamente en el proceso”, afirmó en entrevista.
Ávila acusó que durante el Gobierno de Peña Nieto los alcaldes perredistas no sólo han sido víctimas de la violencia extrema del crimen organizado sino también del abandono institucional.
Agregó que los homicidios de los ediles han quedado en la impunidad.
“Ha sido un sexenio de asesinatos de Presidentes Municipales del PRD, un sexenio de agresión y violencia contra lo que representa este partido”, resumió.
“Ha habido muy pocos avances en las investigaciones de los alcaldes asesinados, es decir, no hay responsables, no hay móvil, no hay señalamientos. Las procuradurías no hacen su trabajo y quedan archivados los expedientes”.
El dirigente comparó la violencia contra las autoridades emanadas de su partido con la persecución de líderes sociales perredistas durante el salinato, periodo en que la cifra de asesinatos ascendió a 600, aseguró.