Benito Jiménez/
Agencia Reforma
Ciudad de México—El tema de la basura ha generado un conflicto a Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución del exfutbolista por el incumplimiento del pago a la empresa recolectora Totcher, S.A. de C.V., por 27 millones de pesos.
Sin embargo, José de Jesús Guízar, encargado jurídico del Ayuntamiento, anticipó que esa medida no es inmediata, en primer lugar, porque no han sido notificados por el tribunal y, segundo, el edil y su Cabildo serán amparados.
Con esto, Blanco seguirá al frente del Ayuntamiento hasta que una instancia federal determine quién tiene la razón.
“Es mentira eso de que Blanco está destituido e inhabilitado, se trata de una notificación que no se ha realizado, no se ha materializado, no ha causado estado y simplemente tenemos que manejar una defensa adecuada”, dijo Guízar.
Recalcó que la deuda con esa empresa fue herencia de administraciones anteriores.
No obstante, indicó que entre los acuerdos tomados por el Cabildo ante el problema, figura realizar una estrategia de pago mediante ampliaciones presupuestales.
Deudas añejas
“Son adeudos millonarios que vienen desde administraciones anteriores, este adeudo específico de Totcher es de 27 millones 700 mil pesos que deviene de la administración de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012).
“Martínez Garrigós determina no pagar a PASA (empresa encargada de la basura), se crea una contingencia ambiental (por acumulación de residuos) y entran dos empresas al servicio, a una sí le paga y a otra no, que es ésta (Totcher); sin embargo, la empresa afectada no demanda y hasta enero de 2016 ellos presentan su demanda ante el TJA”, señaló Guízar.
Tras la demanda, el tribunal reconoció la deuda por más de 27 millones de pesos y notificó al Ayuntamiento de Cuernavaca –ya con Blanco al frente– que debe pagar ese dinero.
“Ya se tomaron acciones jurídicas para darle cumplimiento al pago: por acuerdo de Cabildo se ordena al Tesorero que se genere la estrategia para pago, con base a una ampliación presupuestal para el año que entra, y comenzar a pagar, pero hace aproximadamente 10 días el TJA nos notifica que tenemos cinco días para explicar por qué no se ha hecho el pago, y contestamos que hacer un pago de esa naturaleza es ilegal, por haber un acuerdo de Cabildo, etcétera”, narró Guízar.
De acuerdo con el jurídico el magistrado Jorge Estrada resolvió un incidente y el 15 de diciembre un actuario del TJA intentó notificar esa resolución donde no da valor probatorio a la justificación del Ayuntamiento para no pagar y ordena la destitución e inhabilitación hasta por seis años de Blanco y el Cabildo.
“No hemos sido notificados, ante esta situación voy a promover recursos de protección para el alcalde”, expuso Guízar.