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Gasta México millones en controlar medios: NYT

New York Times News Service | Martes 26 Diciembre 2017 | 00:01:00 hrs

Tomada de Internet | Muchos medios mexicanos dependen de la publicidad oficial

Tomada de Internet | Muchos medios mexicanos dependen de la publicidad oficial

Ciudad de México— Dirigir un periódico, una estación de radio o una televisora en México suele implicar la dependencia de un solo cliente poderoso que gasta sumas exorbitantes de dinero en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para que me critiques”.

Ese cliente es el gobierno de México.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares del dinero del gobierno al año para pagar publicidad, y muchos dueños de medios, ejecutivos y periodistas mexicanos lo llaman un gigante de la marca presidencial capaz de moderar artículos de investigación, orientar las primeras planas e intimidar las salas de prensa si lo desafían.

A pesar de haber prometido regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad en los medios que ningún otro presidente de la historia de México: casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según información del gobierno que reunió Fundar, un grupo de transparencia. La agrupación encontró que la administración de Peña Nieto gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos asignaron solo para 2016.

Y estamos hablando únicamente del dinero federal.

Cada año, los líderes de todos los partidos destinan cientos de millones de dólares del dinero del Estado a publicidad, dinero que reparten entre medios informativos favorecidos, según cálculos de Fundar.

De acuerdo con los ejecutivos y los editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno demandan de forma explícita que haya una cobertura positiva de parte de las organizaciones de noticias antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es que en todo México hay un panorama informativo en el cual los funcionarios federales y estatales dictan sobre las noticias, al decir a los medios qué deben –y qué no deben– reportar, de acuerdo a decenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas.

Las historias contundentes suelen ser suavizadas, aplastadas o pospuestas de forma indefinida, si es que llegan a salir. Dos terceras partes de los periodistas en México admiten que se censuran a ellos mismos.

“Si un reportero profesional quiere cubrir la suciedad que está pasando en el país en la actualidad, ni el gobierno ni el sector privado le dará un centavo”, afirmó Enrique Krauze, un historiador que edita Letras Libres, una revista mexicana que recibe dinero del gobierno. “Es una de las grandes fallas de la democracia mexicana”.

El Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto (PRI) fue el pionero de este sistema durante los 70 años que estuvo en el poder. Hace décadas, el expresidente José López Portillo explícitamente dispuso las expectativas del gobierno –incluso se le citó al decir que no pagaba a los medios para que lo atacaran– y la práctica continuó cuando la oposición llegó a la presidencia en 2000, y de nuevo en 2006.

Sin embargo, la influencia que tiene el gobierno sobre los medios va mucho más allá del grifo de la publicidad, ya que hay funcionarios que en ocasiones recurren al soborno descarado.

Dependencia de la publicidad pública

Si hojeas el periódico, sintonizas una estación de radio o te sientas a ver la televisión en México, te encontrarás con una lluvia de publicidad gubernamental.

En algunos periódicos, casi en cualquier página hay un anuncio que promueve una u otra agencia del gobierno.

En ocasiones, se dedica tanto tiempo al aire para venerar los trabajos que realizó el gobierno como a la cobertura de noticias.

Este gasto extraordinario llega en un momento en el que el gobierno mexicano está recortando presupuestos por todos lados, incluidos la salud, la educación y los servicios sociales.

El año pasado, el gobierno federal gastó tanto en publicidad, cerca de 500 millones de dólares, como en el apoyo a estudiantes por medio de su principal programa de becas para universidades públicas.

La cooptación que realiza el gobierno de los medios informativos es más importante que cualquier otro gasto de autopromoción, aseguran historiadores.

Refleja la ausencia del pacto básico que tiene una prensa libre con sus lectores en una democracia, donde responsabilizar a los poderosos es parte de su misión.

La interferencia pública del gobierno suele ser innecesaria. El 68 por ciento de los periodistas en México señalaron que se censuraban, no sólo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el efecto en las utilidades de la empresa, según un estudio de tres años que realizaron académicos de México y Estados Unidos.

Francisco Pazos lo hizo. Trabajó durante años en uno de los periódicos más grandes de México, Excélsior.

Uno de los momentos más frustrantes que vivió fue a finales de 2013, mencionó, cuando el gobierno estaba en los últimos momentos de una riña con la gente que viaja en transporte público debido a un alza en las tarifas.

Pazos afirmó que intentó explorar a detalle el enojo de los protestantes, hasta que un editor lo detuvo, con el argumento de que el periódico ya no iba cubrir la controversia.

“Llegó el punto en que comprendí que había temas que simplemente no podría cubrir”, mencionó Pazos. “Y con el tiempo, dejé de buscar ese tipo de historias. Al final, te vuelves parte de la censura”.

Muchos dueños y directores de medios aseguran que tienen tan pocas fuentes de ingresos fuera del gobierno que están ante una elección complicada: marchitarse debido a la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto que usar el dinero público limita la libertad de expresión, pero sin éste no habría ningún medio en México”, señaló Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en este asunto”.

Hace poco tiempo, la Suprema Corte de la nación atendió el problema de la publicidad oficial, y en noviembre dictaminó que el gobierno debía actuar conforme a la promesa que realizó el presidente de regular el flujo de dinero público de una forma imparcial.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de publicidad que respalda la Constitución y le permite informar y educar al público sobre su trabajo.

No obstante, rechaza la aseveración respecto de que ese gasto desvía la cobertura que pudieran hacer los medios de asuntos importantes o que reprima la libertad de expresión de algún modo.

“Todos los días, los periodistas en México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y de sus representantes, incluido el presidente”, mencionaba el comunicado. “Hay una crítica permanente al gobierno de parte de los periodistas mexicanos. Basta hojear cualquier periódico, ver la televisión o cualquier red social para verificar lo anterior”.

Cuando llegó al cargo en 2012, el presidente prometió distribuir de forma más justa el dinero del gobierno destinado a la publicidad.

Poco tiempo después de las elecciones, el equipo de Peña Nieto elaboró un plan para regular el gasto en los medios, según tres personas que estaban familiarizadas con la propuesta.

Sin embargo, Aurelio Nuño, el exjefe de la Oficina de la Presidencia, afirmó que la iniciativa nunca llegó a producir un borrador de alguna legislación que pudiera generar una acción. La iniciativa se sumó a otras promesas de campaña y se dejó de lado, señaló.

‘Calentarlos’

Como gerente de talento editorial del periódico Reforma, Diana Álvarez se ha ido acostumbrando a la definición flexible de “periodismo” en México.

Unos años atrás, Álvarez comentó que entrevistó a una mujer que provenía de un periódico grande de la Ciudad de México. La mujer, quien tenía grado de maestra en periodismo, señaló que su trabajo en el periódico consistía en crear expedientes de recortes de periódico negativos sobre gobernadores de todo el país.

Esos expedientes se entregaban al departamento de ventas del periódico, el cual después se acercaba a los gobernadores para venderles un “plan de cobertura” con el fin de mejorar su imagen pública, explicó la mujer.

Álvarez recitó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de saber cómo utilizar sus relaciones con políticos para lograr más dinero de la publicidad.

Dijo que iba a “calentarlos”, es decir, mostrar al involucrado una historia crítica que estaba planeando publicar su periódico. Luego, como se lo explicó a Álvarez, un contrato de publicidad con su periódico serviría para “apagar el fuego”.

Otro candidato, el exempleado de un gobierno estatal, mencionó que sabía como “enfrentar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de la distribución de sobres llenos de dinero en efectivo para sobornar a los reporteros.

“Me gustaría decir que son casos aislados, o tan sólo unos cuantos, pero no es así”, Álvarez confesó. “Hay muchos de este tipo, en los que vienen y hablan de estas prácticas de un modo que te da a entender que están normalizados”.

Daniel Moreno, el director de la publicación digital Animal Político, relató que casi no recibe nada de parte del gobierno federal y muy poco de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, mencionó Moreno. Es sólo que el tipo de cobertura crítica que realiza su equipo de noticias no recibe recompensas de los contratos gubernamentales, afirmó.

Este mes, organizaciones noticiosas se reunieron para denunciar la violencia en contra de la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron una cifra récord este año. Firmaron 39 grupos de medios.

Sin embargo, faltaron unos pocos, como Animal Político… a propósito. Habían insistido en añadir unas líneas en el anuncio sobre el daño que producía la publicidad oficial en la libre expresión.

Esto generó un pequeño alboroto, comentó. Algunos periódicos grandes que dependen mucho del dinero gubernamental se opusieron.

Finalmente, la carta se envió sin esas líneas, y sin la firma de Moreno y sus colegas. Al parecer, los medios informativos no están dispuestos a poner en riesgo su sustento.

Desenmascaramiento genera preguntas

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional y quien ahora es candidato a la presidencia para las elecciones del próximo año, se despertó y encontró su nombre y el de su familia en la primera plana de El Universal, uno de los periódicos más importantes.

La historia entró en detalles sobre el imperio inmobiliario de su suegro y, más específicamente, de la forma en que la carrera política de Anaya había servido a impulsar esa fortuna.

La narrativa era una familiar en México: un líder político había utilizado sus influencias para enriquecerse a él y a su familia. El Universal presentó direcciones y valores de varias propiedades, e incluso fotos de los rostros de toda su familia no nuclear, 14 personas en total. Los medios informativos de todo el país siguieron la historia.

Lo único que faltaba era precisión, decidió por último una corte. Anaya logró demostrar que una buena parte de la información tenía errores, estaba sesgada o simplemente equivocada.

A pesar de que es verdad que su familia política era dueña de varias propiedades, muchas de ellas habían sido sus posesiones antes de que empezara la carrera política de Anaya, según lo probaban documentos públicos.

Anaya mencionó que fue aún más desconcertante el asunto de las fotografías de su familia. Nunca se habían publicado antes, hasta donde lo sabía la familia. De hecho, se parecían demasiado a fotografías de pasaportes.

Debido a que estas fotos las tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual emite los pasaportes, Anaya sospechó que sus rivales en el gobierno habían filtrado las fotos a los periódicos.

“Están intentando destruir mi carrera política con esta campaña”, sostuvo. “No se puede competir con un gobierno que paga a los medios 500 millones de dólares”.

Los siguientes dos meses, el periódico dedicó más de 20 primeras planas a Anaya, en las que lo acusaba de malversación de fondos públicos, de beneficiarse financieramente de su puesto y de fracturar su partido.

Anaya demandó. En octubre, la corte determinó que El Universal había tergiversado la información sobre la riqueza de su familia política y había acusado de forma errónea a Anaya de haber utilizado su puesto para beneficiarlos.

El Universal aseguró que estaba autorizado a publicar la historia conforme a su derecho de libertad de expresión, un argumento que cuestionó el juez, pues el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El periódico ha apelado el fallo de la corte.

‘Fueron los federales’

Los testigos dijeron que había sido una ejecución.

En enero de 2015, los editores de El Universal enviaron a Laura Castellanos, una reportera galardonada, a cubrir un par de tiroteos que involucraban a la policía federal.

En aquella época, los grupos de autodefensa se habían levantado en armas para combatir al crimen organizado, y Castellanos era considerada una experta en el tema, pues había escrito de forma extensa sobre este.

Pasó 10 días reportando la historia, utilizando sus antiguas fuentes y entrevistando a los testigos del estado de Michoacán, donde habían sido asesinadas 16 personas y decenas habían resultado heridas.

El asunto era especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, quien había sido nombrado para supervisar el problema de la seguridad en Michoacán, aseguró que las muertes habían sido producto de un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos mencionó que había grabado entrevistas con 39 personas –víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales– y había llegado a una conclusión diferente.

La policía federal había ejecutado de forma sumaria a sospechosos desarmados, entre ellos algunos que se habían rendido de rodillas con las armas en el aire, según la información que había reunido.

Después de días de editar y verificar su información, aseguró que la historia estaba lista para ser publicada. Solo que no fue así.

A Castellanos y sus editores no les sorprendió. Peña Nieto ya estaba bajo mucha presión pública por el manejo que dio a la desaparición de 43 estudiantes universitarios, así como a la compra que realizó su esposa de una casa con un valor de muchos millones de dólares a uno de los principales contratistas del gobierno.

No obstante, después de dos meses y medio –lapso en el que sus fuentes fueron torturadas y asesinadas, según Castellanos–, la periodista se preocupó de que su historia nunca llegara a ser publicada.

Después de trabajar con abogados, comentó que descubrió que había un vacío legal en su contrato: uno que le permitía publicar el material en otro lado.

Una de las pocas publicaciones que estuvo dispuesta a tomar la historia fue un nuevo sitio web que fundó Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, quien había perdido su trabajo en una estación de radio después de revelar la historia sobre la esposa del presidente.

Sin embargo, la mañana que la historia de Michoacán estaba programada para ser publicada, con el título “Fueron los federales”, se cayó el sitio web de Aristegui.

Al final, descubrieron qué sucedió: habían hackeado el sitio.

Con el tiempo, las dos publicaron la historia, pero el caso generó cuestionamientos de nueva cuenta sobre la independencia en un país repleto de publicidad gubernamental.

No se han resuelto por completo los asesinatos ni el hackeo. El Universal afirmó que no había publicado la historia de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el artículo de Castellanos recibió el galardón periodístico más codiciado de México: el Premio Nacional de Periodismo por el mejor reportaje de investigación.



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