Reforma
2017-12-17
La bancada PT-Morena en el Senado impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Miguel Barbosa, vicecoordinador de ese grupo, informó que la nueva legislación representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el grave problema de inseguridad.
Aunque reconoció que la acción debe ser promovida por 43 senadores, equivalente al 33 por ciento de la Cámara Alta, advirtió que buscarán las firmas para tratar de revertir su aprobación.
"No podemos resignarnos a que esta Ley se aplique en nuestro país. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley, pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución", señaló Barbosa.
"Vamos por una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos".
El integrante de la Comisión de Defensa Nacional recordó que la Ley viola los artículos 21 y 89 de la Constitución Política al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones.
Además, dijo, violenta los artículos 21 y 129 constitucionales al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares en tiempos de paz.
"La Ley de Seguridad Interior significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone su artículo primero", indicó el legislador.
El senador sostuvo que la legislación permitirá instalar un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense, así como un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático.
Advirtió que otro de los riesgos de esa legislación es la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales.
"Son formas modernas de la guerra sucia que violentan los artículos 7, 8 y 9 constitucionales", afirmó.
Según Barbosa, la Ley se caracteriza por la ausencia de controles democráticos que sujeten la actuación de las Fuerzas Armadas a las formas mínimas de transparencia, rendición de cuentas, control político y responsabilidades.
Sostuvo que al haberse aprobado la Ley de Seguridad Interior habrá pocas posibilidades para la depuración, profesionalización y coordinación de las instituciones policiales federales, estatales y municipales, como condición mínima para afrontar la parte punitiva de la política criminal de todo Estado.
"Esta normatividad significa la quiebra del federalismo, por vía de la invasión flagrante de las competencias constitucionales de las entidades federativas, de los municipios, incluso de los organismos autónomos, a discreción del Ejecutivo Federal o mediante petición local, ante el amago de no colaboración federal frente al flagelo de la ola delincuencial", dijo Barbosa.
"La aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue un grave error, un error histórico del actual gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, profundiza la descomposición social", agregó.