Víctor Fuentes/
Agencia Reforma
Ciudad de México— El Gobierno de Estados Unidos lanzó un proyecto para evaluar la operación de las autoridades fronterizas de México.
Con fondos de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado contratará a un consultor privado para que evalúe las condiciones en al menos 12 y hasta 18 “puertos de entrada terrestre” en todos los estados fronterizos de México.
La revisión será en colaboración con el SAT, las secretarías de Defensa y Marina, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, así como de sus contrapartes estadounidenses
Los resultados del proyecto podrían aplicarse a la frontera sur de México, según la convocatoria para licitar la contratación publicada el 7 de noviembre.
En la primera fase del nuevo proyecto, el consultor deberá desarrollar un estándar de medición que, una vez establecido, “será el soporte para el despliegue futuro de personal, tecnología e infraestructura, y para la identificación de opciones adicionales para incrementar la cooperación fronteriza en seguridad”.
Los puertos de entrada deberán ser clasificados de acuerdo a criterios como tamaño operacional, retos de seguridad y vulnerabilidades, tipo de viajeros, terreno que lo rodea y responsabilidades de los funcionarios clave.
“El contratista identificará y definirá los estándares básicos que utilizan las autoridades federales mexicanas que operan los puertos de entrada y desarrollará la herramienta de evaluación que luego utilizará para medir las fortalezas y retos en dichos puertos”, explica la convocatoria.
La idea es evaluar cruces como Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico, Douglas-Agua Prieta, El Paso-Zaragoza, Del Río-Ciudad Acuña, Eagle Pass-Piedras Negras y Laredo-Nuevo Laredo, aunque el contratista podrá seleccionar otros.
La investigación estará basada en “entrevistas a fondo” con funcionarios mexicanos y sus colegas del lado estadounidense, así como grupos de enfoque.
El acceso a los funcionarios está garantizado por el Gobierno mexicano, que también dará su visto bueno a los estándares y herramientas de evaluación, en conjunto con el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL, por sus siglas en inglés), que es la oficina del Departamento de Estado que maneja recursos de la Iniciativa Mérida.
El reporte final sería entregado seis meses después de la adjudicación del contrato.