Benito Jiménez/
Agencia Reforma
Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Héctor Quiroz, líder del PT en Aguascalientes, de ser un testaferro al que en los últimos años le han detectado 269 operaciones con un manejo de 100 millones 21 mil pesos, 76 de ellas en el Senado.
En la audiencia de vinculación al proceso 241/2017 en la sala oral del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la dependencia alegó que como candidato a diputado plurinominal no debió recibir recursos de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
Señaló que Quiroz recibió 12 millones de pesos través de la directora de 13 de esos centros que salieron de su cuenta de Banorte 0285 y con ese dinero hizo 57 operaciones.
La PGR también indicó que el dirigente opera Cendis en Aguascalientes y cuestionó que no se haya dado cuenta que los recursos que recibía provenían del erario público de Nuevo León.
Un perito contable que aportó la defensa aseguró que los 100 millones por los que lo acusan provienen de ese estado, autorizados por el gobernador Jaime Rodríguez.
La Procuraduría alegó que el dinero no debió quedar en una cuenta personal del petista.
De acuerdo con la PGR, la esposa de Alberto Anaya, el líder nacional del Partido del Trabajo (PT), utilizó a los Cendis para presuntamente desviar y lavar 100 millones de pesos aportados por el Gobierno de Nuevo León.
María Guadalupe Rodríguez Martínez, hoy con orden de aprehensión por el delito de lavado, recibió los recursos para que los destinara a los 17 Cendis que administraba en el Estado el Frente Popular Tierra y Libertad, encabezado por Anaya.
Pero, en lugar de ser invertido en los centros, el dinero terminó en un fondo de inversión y en las cuentas bancarias de tres particulares, uno de ellos Quiroz.
En tanto, la defensa de Quiroz aportó una serie de pruebas que supuestamente demuestra que los Cendis y su convenio el Frente Popular Tierra y Libertad no son parte de una red de lavado de dinero.
Durante la audiencia de vinculación al proceso 241/2017 en la sala oral del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente la defensa llevó testimoniales de dos maestras, actas de fe de hechos y un dictamen pericial en contabilidad que se opone al elaborado por la Procuraduría.
El Ministerio Público Federal (MPF) en la audiencia bateó todas las pruebas aportadas por la defensa y las calificó de inidóneas, impertinentes e innecesarias.
"No se puede debatir con documentos", reprochó el fiscal quien además criticó que esas pruebas hayan sido entregadas dos minutos previo a la audiencia.