Agencia Reforma
2017-09-18
Ciudad de México— El Gobierno de Panamá concedió la extradición de Roberto Borge Angulo para que sea juzgado en México en cuatro causas por delitos que presuntamente cometió durante su mandato como gobernador de Quintana Roo.
La determinación fue tomada el pasado viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y notificada ayer a la Embajada de México en ese país, de acuerdo con un comunicado conjunto de la Cancillería y la Procuraduría General de la República.
Pese a la resolución, Borge no será trasladado de inmediato a México, ya que cuenta con recursos para impugnar la decisión del gobierno de la nación centroamericana, según el texto de las autoridades federales.
“Las autoridades del gobierno de México agradecen a las autoridades panameñas todo su esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó nuestro país, que permitieron primeramente, lograr la captura inmediata del señor Borge el pasado 5 de junio cuando se disponía a partir hacia Europa; así como para resolver la concesión de su entrega con base en los compromisos asumidos por ambos Estados en el tratado de extradición suscrito en el año 2004”, dice el comunicado.
La PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que continuarán dando seguimiento y atención a este procedimiento, hasta lograr la entrega del exmandatario a nuestro país.
Panamá autorizó la entrega de Borge para que sea procesado en México por un expediente federal y tres del fuero común.
En el primero, se le imputa se trata de un caso donde el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Edomex, ordenó su aprehensión por el delito de lavado de dinero
En esta causa, se le imputa estar involucrado en la presunta venta subvaluada de 24 inmuebles de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados, pertenecientes a las reservas del estado en Cancún y Cozumel, a familiares y amigos del gobernador.
Los inmuebles tenían un valor comercial de 5 mil millones de pesos y fueron enajenados a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial.
En cuanto a los casos del fuero común, se trata de 3 órdenes de captura libradas por juzgados de Quintana Roo por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Ninguno de los delitos imputados a Borge, tanto federales como de la justicia local, ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que en teoría puede acceder a la libertad provisional en cuanto pise suelo mexicano, lo cual podría ocurrir a más tardar a inicios del 2018.