Reforma
2017-09-17Ciudad de México— El gobierno federal modifica cada año al menos una quinta parte del presupuesto para el gasto público aprobado por los diputados.
De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de los más de 15.5 billones de pesos aprobados entre 2013 y 2016, 2.8 billones fueron gastados en rubros diferentes a los asignados.
Estos movimientos se realizan a través de adecuaciones presupuestarias, un mecanismo legal que, según especialistas, se ha utilizado en exceso y sin informarlo ni justificarlo ante el Congreso.
Las áreas de Comunicación Social de las dependencias federales son algunas de las que más se benefician con estas reasignaciones.
Por ejemplo, para la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, la Cámara de Diputados aprobó una partida de 72.4 millones de pesos en el Presupuesto de 2016 y, al final del año, el área gastó mil 543 millones.
En contraste, al Instituto Nacional de Cancerología se le redujeron más de 200 millones de pesos. El Congreso le había presupuestado mil 607 millones, y al final ejerció mil 399 millones.
En la SEP, la Dirección de Comunicación Social ejerció mil 82 millones de pesos, cuando se le habían aprobado sólo 76.7 millones.
En tanto, la Subsecretaría de Educación Superior ejerció 2 mil millones de pesos menos de los 6 mil 153 millones aprobados por la Cámara.
Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde la Dirección General de Recursos Humanos tuvo una ampliación de 200 millones de pesos, mientras que para Conservación de Carreteras redujo casi 600 millones.
Todo esto sin ninguna explicación oficial, pues la Secretaría de Hacienda no ha enviado los reportes correspondientes al Legislativo, y los diputados tampoco han solicitado las justificaciones.
"La pregunta aquí no es si debes o no hacer ajustes. La pregunta es ¿hasta dónde es razonable? Porque también es cierto que Hacienda hace lo que le pega la gana; hace cambios y no le dice a nadie. Lo que está haciendo al operarlos de esta forma es, básicamente, inconstitucional", señaló Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria