Reforma
2017-09-10Ciudad de México— En México y otras siete naciones del hemisferio se observa un preocupante uso de la prisión preventiva, pues a finales de 2015 se detectó que los reclusos en esa condición representaban el 55 por ciento de toda la población penitenciaria en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en la región el promedio de las personas privadas de su libertad bajo este esquema equivale al 36.3 por ciento del total de la población carcelaria.
"Sin embargo, en ciertos países, la cifra es mucho más elevada", indicó el reporte "Medidas para reducir la prisión preventiva", realizado por la Comisión.
"En particular, la CIDH recibió información que indica que a partir de 2014 se ha presentado un incremento de esta población en países como Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú".
Según los datos que recibió la CIDH en junio del año pasado, a finales de 2015 los internos en prisión preventiva en México representaban el 55 por ciento de toda la población penitenciaria, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a la cifra de 2013.
"Al respecto, la Comisión reitera que un porcentaje importante de la población penal en detención preventiva resulta un hecho sintomático y preocupante que debe ser afrontado con la mayor atención y seriedad por los respectivos Estados", agregó.
En el reporte publicado como seguimiento a un primer análisis sobre el tema elaborado hace más de tres años, la Comisión destaca que el Código Nacional de Procedimientos Penales de México incluye una amplia lista de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
De manera paralela, la CIDH lamentó la falta de diligencia en la actuación de la defensa pública en países como México, Jamaica y Perú.
"En relación con México, la Comisión manifiesta su preocupación por lo referido por organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que, en la práctica, el derecho de la persona detenida a tener acceso a una defensa adecuada inicia a partir de que es presentada ante el Ministerio Público, y no desde el momento de la detención como lo establece la normativa mexicana", estableció el Organismo.
Pese a estas situaciones, el reporte valoró las reformas legislativas realizadas para cambiar el sistema de justicia en México.
La Comisión destacó, por ejemplo, que en septiembre de 2015 entidades como Baja California, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México contaron con tasas de efectividad del 95 por ciento en el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva.
También resaltó que se introdujeron procedimientos de mediación, conciliación y junta restaurativa como mecanismos alternativos de solución de controversias.