Agencia Reforma
2017-09-09
Quintana Roo— Además de las tormentas y huracanes, los delitos de alto impacto también golpearon a Quintana Roo en este año.
De enero a julio los robos con violencia se duplicaron con respecto al mismo periodo de 2016, mientras que los homicidios, los secuestros y hasta las extorsiones fueron al alza durante la gestión del Gobernador, Carlos Joaquín González, quien dio a conocer su informe ayer.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió en agosto sobre los riesgos de viajar a Cancún y Los Cabos ante las constantes balaceras a plena luz del día sin importar el turismo.
“Si bien la mayoría de estos homicidios fueron aparentemente perpetrados contra miembros del crimen durante las batallas por el control de la plaza, tuvieron como consecuencia el aumento de la violencia en áreas frecuentadas por turistas. Ha habido balaceras en las que civiles inocentes fueron heridos o murieron”, indicó EU en la alerta.
En Quintana Roo, diversos grupos del crimen organizado se disputan el control de la “plaza”, entre éstos está el Cártel de Cancún que aun con la aprehensión de su líder, Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, sus lugartenientes confrontan a células de Los Zetas y de los Cárteles de Sinaloa, de Jalisco y del Golfo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) únicamente tiene detectados en Quintana Roo cuatro cárteles que se disputan la “plaza”, los cuales, según información de la 34 Zona Militar, son los de Jalisco, del Golfo, de Cancún, además de Los Pelones.
La Auditoría Superior de Quintana Roo interpuso 27 denuncias penales contra 84 funcionarios de la Administración del ex Gobernador, Roberto Borge, por el manejo de recursos que ascienden a 11 mil 813 millones.
Las denuncias hechas ante la Fiscalía del Estado comprende a funcionarios estatales y municipales que obedecieron las directrices de Borge, de los cuales únicamente cuatro han sido detenidos, incluso el ex Gobernador quien se encuentra en un penal de Panamá a la espera de su extradición a México.
Derivado de la revisión, la Auditoría concluyó que hay indicios que no sólo en las dependencias del Gobierno del Estado existieron malos manejos del erario, sino también en administraciones de más de la mitad los municipios.
Las 27 denuncias engloban dependencias como la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, VipSaesa -empresa gubernamental de transporte aéreo-, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y las administraciones de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, entre otros.
Las dependencias con mayores desfalcos son Sedaru con mil 522 millones en 2015 y mil 853 millones en 2016; CAPA con mil 505 millones en 2015 (correspondiente al pago por contraprestación de la concesionaria Aguakán) y 506 millones en 2015-2016; la Secretaría de Finanzas con mil millones en 2015-2016; y el IPAE con mil 444 millones de pesos en 2016, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría.