Rolando Chacón/Agencia Reforma
2017-09-05
Saltillo— Representantes de organismos civiles, asociaciones de empresarios e instituciones educativas de todo Coahuila exigieron ayer echar atrás los nombramientos en el Sistema Anticorrupción de Coahuila.
Reunidos frente al Palacio de Gobierno, los activistas de la Alianza Anticorrupción informaron que han presentado amparos contra un sistema construido para proteger al Gobernador Rubén Moreira y a su gabinete.
“En Coahuila se ha impuesto la arrogancia y la prepotencia política. El gobernador ha pervertido y manipulado a su conveniencia una ley cuya esencia debe ser la participación ciudadana”, expresó uno de los integrantes del colectivo.
El pasado 1 de septiembre, la exconsejera jurídica del Gobierno de Moreira, Sandra Rodríguez Wong, fue elegida como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano perteneciente al Sistema Estatal Anticorrupción.
El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá dentro de sus funciones atender posibles casos de corrupción del actual Gobierno de Coahuila.
Rodríguez Wong fue la encargada de armar desde el Gobierno el paquete de leyes anticorrupción, el cual ha sido criticado por organismos civiles.
Y ante el pleno del Congreso estatal rindieron protesta los nueve integrantes del Comité de Selección, un órgano colegiado que elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Protección e impunidad
En un comunicado, la Alianza Anticorrupción afirmó que respetó los tiempos y las formas para solicitar al Congreso estatal y al propio mandatario priista un Sistema Estatal Anticorrupción autónomo, con la participación de la ciudadanía, pero fueron ignorados.
“Nuestras solicitudes fueron ignoradas y hoy contamos con cinco magistrados y un Fiscal Anticorrupción que no poseen verdadera independencia política, atributos indispensables para otorgar autonomía al Sistema Estatal Anticorrupción y, por consecuencia, para la procuración de justicia”.
“Advertimos que la designación de estos funcionarios tiene como propósito la creación de un blindaje, y no de un sistema anticorrupción autónomo, profesional e independiente”, señalan.
Demandan una nueva reforma constitucional que incorpore propuestas de la sociedad civil para la creación de un Sistema Anticorrupción auténtico, profesional, autónomo e independiente.
“Exigimos también que se destituya a los integrantes de la Comisión de Selección que no cumplen con los requisitos estipulados en la convocatoria”, demandan
“Exigimos que se inicie el proceso de remoción de los cinco magistrados y el Fiscal Anticorrupción para dar el inicio a procesos abiertos que cuenten con la participación civil y cuenten con los principios de transparencia, legalidad y máxima publicidad”, plantean.