Nacional

Rechazan expertos Ley de Seguridad Interior

Agencia Reforma

2017-08-31

Ciudad de México— De ser aprobada, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior podría resultar paliativa y riesgosa, advirtió ayer la antropóloga social Elena Azaola.
“En el mejor de los casos sólo será útil para resolver un problema circunstancial que se le presenta a nuestras Fuerzas Armadas ante la exigencia de que colaboren en tareas para las que no han sido preparadas”, dijo durante la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto.
Al nombre de la Academia Mexicana de Criminología, Azaola afirmó que antes de una Ley de Seguridad Interior, es necesaria una estrategia nacional encaminada a la construcción de Policías fuertes, técnicamente solventes y comprometidas con el debido proceso.
“Son nuestros sistemas de prevención del delito y de justicia penal los que necesitan ser robustecidos. Entendemos que ello no puede ocurrir de la noche a la mañana, pero es necesario dar muestras de que se está por esa labor, porque es lo que jurídicamente corresponde.
“Al tiempo que rechazamos que una Ley de Seguridad Interior sea la vía para la pacificación del país, queremos poner de manifiesto nuestra voluntad para construir un diálogo con la política y con las instituciones”, señaló.
En su oportunidad, Luis Wertman, invitado permanente de la sociedad civil en el CNSP, afirmó que si bien hay logros en materia de seguridad y justicia, el sistema nacional en la materia necesita una sacudida.
“Sin embargo, debe ser por la vía de la democracia, la participación civil, la transparencia y la legitimidad. Queda muy poco tiempo y la confianza es prácticamente inexistente”, indicó.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior contempla básicamente el marco legal de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Hace unos días, desde el Campo Militar número uno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un nuevo llamado al Poder Legislativo a trabajar en la construcción de la Ley “que dará certeza jurídica al actuar de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

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