Agencia Reforma
2017-08-29
Ciudad de México— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la probable desaparición forzada de una adolescente de 17 años por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.
“La CNDH cuenta con elementos que permiten evidenciar la probable desaparición forzada de la adolescente y la violación a los derechos humanos”, señaló el organismo.
Según la recomendación 31/2017, la joven abordó un autobús el 22 de junio a las 23:30 horas en Motozintla, Chiapas, para ir a Tuxtla Gutiérrez, donde vería a su padre.
Según el testimonio de otro pasajero, a las 2:30 horas del 23 de junio, dos agentes del INM inspeccionaron la unidad en San Gregorio Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, y le pidieron a la mujer que descendiera del vehículo.
Los agentes solicitaron que acreditara su nacionalidad, al suponer que era guatemalteca y, por su edad, la joven no pudo mostrar una identificación oficial, sólo la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Los elementos del INM reconocieron que entrevistaron ese día a la víctima, pero aseguraron que le dieron “el beneficio de la duda” al no acreditar su nacionalidad y le ofrecieron dos opciones: irse por su cuenta o esperar en el lugar a que pasara otro autobús.
“Supuestamente le indicaron que se podía retirar o esperar en esa caseta el siguiente autobús; no obstante, según su dicho, en un momento de descuido la adolescente abandonó esa estancia con rumbo desconocido, no sabiéndose desde esa fecha su paradero”, detalló la recomendación.
Los hechos fueron conocidos primero por la Fiscalía de Chiapas y después por la Procuraduría General de la República (PGR), pero la entidad federal se declaró incompetente y remitió su averiguación previa a la autoridad estatal.
Por ese hecho, la CNDH también dirigió la recomendación al procurador Raúl Cervantes, ya que al estar involucrados elementos del INM era la dependencia que debía indagar los hechos.
La Comisión pidió a la PGR atraer la indagatoria inicial y determinar la probable responsabilidad penal de quienes participaron en la desaparición forzada de la adolescente.
Al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se le pidió “colaborar debidamente” con la investigación de la institución.
Al comisionado del INM, Ardelio Vargas, se le instruyó proceder con la reparación integral del daño, en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y atención psicológica como consecuencia de la responsabilidad en que incurrió el personal del Instituto.
También que se aporten todos los elementos necesarios en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie contra los agentes migratorios que retuvieron a la menor.