Acusan omisiones en caso Tlatlaya

Agencias

Ciudad de México— Luego de observar una serie de faltas en las diligencias, un juez federal ordenó a las autoridades investigar si mandos del ejército habrían ordenado asesinar a presuntos delincuentes en 2014 en una bodega del Estado de México, en uno de los mayores escándalos de presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas en el país.

El fallo del juez, tomado el 1 de agosto pero divulgado ayer, señala que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó una supuesta orden militar anterior a los asesinatos, en la cual se instaba a soldados a “abatir delincuentes en horas de obscuridad”
Las autoridades suelen usar el término “abatir” para describir en sus comunicados de prensa que han matado a alguna persona, en particular presuntos delincuentes.
El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una comunidad del Estado de México, que bordea la capital.
Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron.
Al cabo de las semanas surgieron contradicciones sobre la versión oficial y tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la PGR señalaron que hubo ejecuciones extrajudiciales.
La exigencia judicial de investigar la orden militar se tomó como parte de un amparo a favor de una de las tres mujeres que sobrevivieron, que reclamó la falta de una correcta investigación.
Según el juez, a más de tres años del suceso la PGR “no ha realizado diligencia alguna diversa encaminada a la investigación de los hechos ni a la orden emitida a los elementos militares, a la cadena de mando”, ni ha dicho si hay otras indagatorias que puedan aportar elementos para el esclarecimiento de lo ocurrido.
La PGR no informó de inmediato si recurriría la sentencia o no.
Siete soldados fueron inicialmente acusados por lo ocurrido en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, pero con el paso del tiempo los jueces los liberaron, algo que organizaciones de derechos humanos consideraron una violación a los derechos de las víctimas.