Reforma
2017-08-08Ciudad de México─ Legisladores de Morena, PRD y el PT, así como académicos y líderes sociales, exigieron la realización de una consulta pública para que los mexicanos expresen si el sector energético debe formar parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, así como los académicos Javier Jiménez Espriú y Alfredo Rojas Díaz Durán, ambos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, señalaron que dicha consulta debe efectuarse el 1 de julio del próximo año, junto con la votación de la elección presidencial.
A una semana de que inicien las negociaciones del TLCAN, exigieron que, hasta en tanto no se realice la consulta para conocer la opinión de los mexicanos, el tema del sector energético debe mantenerse "encorchetado" y no debe haber acuerdos en torno a él.
En rueda de prensa, Jiménez Espriú señaló que los funcionarios designados para encabezar la renegociación por parte de México no cuentan con la legitimidad del mandato ciudadano.
Por su parte, Rojas Díaz Durán indicó que el tratado de 1994 dejó sin protección la industria textil y del calzado, se desmanteló el campo y se perdió independencia alimentaria, se abandonó el proyecto de industrialización y se hizo al país dependiente de las inversiones extranjeras y la deuda externa.
"No podemos afirmar que el tratado ha sido exitoso en su totalidad, ya que ha propiciado la creciente actividad ilegal vinculada al tráfico de armas, órganos, trata de personas, una creciente ola de violencia generalizada en el país", planteó.
"México perdió su soberanía alimentaria, desistió de construir una política de industrialización, desmanteló la banca y el desarrollo se encadenó a la deuda externa y abandonó la posibilidad de fortalecer la soberanía energética".
Rojas Díaz Durán afirmó que el gobierno mexicano no debe proceder a la renegociación bajo la amenaza de la construcción del muro fronterizo y sin hacer una condena de los ataques xenófobos contra los migrantes.
Los activistas advirtieron que la demanda de consulta popular podría ser, en un primer momento, declarada improcedente por la Suprema Corte de Justicia al juzgar que se trata de un asunto de ingresos y gastos del Estado, como ocurrió en el antecedente de la consulta solicitada con motivo de la reforma energética.
Sin embargo, argumentaron, "si el pueblo decide que el petróleo no forme parte de las negociaciones, entonces las cosas se mantendrán como están, por tanto, no puede alegarse que hay afectación alguna a los ingresos del Estado".
La perredista Dolores Padierna sostuvo que en la renegociación se debe tomar en cuenta la consulta a los pueblos indígenas. Durante la sesión de la Comisión Permanente, propuso una iniciativa de reforma que aseguraría al Senado participar activamente en todas las etapas de la negociación de tratados internacionales.