Reforma
2017-08-06Ciudad de México— Entre 2007 y 2015, los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco y Veracruz acumularon 7 mil 849 millones de pesos recibidos del Seguro Popular que no fueron comprobados.
Gabriel O'Shea, titular de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, organismo que administra el Seguro, dijo que ya se realizaron las denuncias correspondientes contra las autoridades de esos siete estados ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
"He ido a las instancias fiscalizadoras correspondientes y he levantado la demanda de que Veracruz tiene un adeudo terrible de años anteriores. Antes no teníamos un actualizado. Antes no se hacía. No comprobaban por años y nadie decía nada. Hoy vamos al día", indicó.
Para O'Shea, los adeudos en los estados, el recorte presupuestal y la falta de aportación de los usuarios han pegado a la operación de programas y frenado su cobertura.
Además, advirtió, ha afectado a la población potencialmente beneficiaria de esa estrategia gubernamental.
Se esperaba que el gasto del bolsillo de los mexicanos disminuyera 20 puntos, apuntó, y sólo disminuyó 11.
"No le quiero echar la culpa a los estados, ¿pero quién es el responsable de la operación? Los estados. Nosotros somos un instrumento financiero que lo que hace es: yo le pago al Estado para que me atienda a estos afiliados", señaló.
Incumple Edomex a Seguro Popular
El Estado de México incumplió el plazo para comprobar el uso de 921 millones de pesos aportados por el Seguro Popular correspondientes a 2016.
El periodo que tenía para hacerlo cerró el 30 de junio.
Veracruz tampoco lo hizo, pero a diferencia del Edomex, el Gobierno de Miguel Ángel Yunes presentó una denuncia por un presunto desvío de 436 millones de pesos.
"(Al Estado de México) les faltan 921 millones de pesos de comprobarnos de recursos federales y están trayendo información. No es que haya un desvío de recursos, no es que haya una malversación de fondos", justificó Antonio Chemor Ruiz, director general de Financiamiento del Seguro Popular.
"Si no hacen la comprobación y nos llega el 31 de diciembre... Si pasa el tiempo y me dice el Estado de México ya no puedo comprobarte más y de los 921 millones te puede comprobar 900 más, haré la denuncia por 21 millones de pesos (ante la Auditoría Superior de la Federación)".
El funcionario indicó que al no comprobar el uso de los recursos, la entidad no podrá recibir el presupuesto correspondiente a la cuota social del tercer trimestre de 2017.
Aseguró que a partir de 2018, los estados deberán comprobar los recursos del Seguro Popular el 30 de abril de cada año y no hasta el 30 de junio, como se contemplaba anteriormente.
"Nosotros damos de plazo al 30 de junio de cada año para que puedan hacer la comprobación total de los recursos federales y estatales. Estamos cambiando la fecha para el próximo año. En 2018 ya van a tener que hacer el cierre de los recursos el 30 de abril, que es lo que dice el artículo 74 de la Constitución, en su fracción sexta, que es cuando las entidades federativas tienen que presentar las cuentas públicas", detalló.
"También nosotros vamos a adherirnos a ese plazo y tienen al 30 de abril los estados para hacer la comprobación total de los recursos federales y estatales".
Gabriel O'Shea sostuvo que a partir de los candados que se han puesto desde 2014, con base en las modificaciones a la Ley General de Salud, hay un avance en materia comprobación del uso de los recursos por parte de los estados.
Alejandro González, director de la asociación civil Gestión Social y Cooperación, indicó que la Auditoría Superior de la Federación documentó los desfalcos de los gobiernos estatales y el Seguro Popular tardó en poner los candados.
"Es ahí cuando el Seguro Popular tenía ya evidencia, elementos que le permitían eventualmente hacer ajustes, efectivamente lo hizo a destiempo, pero qué bueno que ya lo hizo", indicó.
Pegan recortes a programas
Los recortes presupuestales en el sector salud han mermado los programas del Seguro Popular como el de promoción de lactancia, advirtió Gabriel O'Shea.
Sólo el 20 por ciento de hospitales cuenta con un lactario, lamentó el funcionario.
El ajuste al gasto también limitó la creación de más centros de desarrollo infantil, pues hasta ahora están funcionando 26, y lo ideal es que hubiera dos por estado.
Además, apuntó, por justicia social, los tratamientos de diálisis y hemodiálisis deberían ser cubiertos por el Seguro Popular, lo que ahora no ocurre. A la fecha, hay 13 enfermedades en lista de espera de ser cubiertas, pero sin dinero no se pueden incluir, explicó.
O'Shea consideró que una opción sería que los asegurados hagan aportaciones de acuerdo a un estudio socioeconómico real, como se contempló cuando se creó el sistema, y consideró que el próximo Gobierno tendrá que encontrar la manera en que los afiliados aporten.
"Ningún sistema del mundo te da gratuidad en todo. ¿Cómo quieres darle salud a 54 millones de mexicanos que no dan un peso por tener Seguro Popular?", cuestionó.
"Cuando el sistema nació se contemplaron tres aportaciones: la del afiliado, la del Gobierno federal, y la de los gobiernos estatales. Hoy el afiliado ya no da un peso. Creo que para poder pensar en incluir enfermedades nuevas, y esas 13 que están esperando, sin duda los 54 millones de mexicanos tienen que aportar lo que puedan".