Reforma
2017-07-13
Ciudad de México– Cuatro militares se retractaron de sus señalamientos contra el Sargento Segundo José Isidro Gómez Hernández, presunto asesino de un huachicolero en Palmarito, porque aseguraron ante un juez federal que la PGR los intimidó en el primer interrogatorio donde los cuestionó sobre el acusado.
De acuerdo con el fallo de vinculación a proceso del sargento, dictada por el Segundo Tribunal Unitario de Puebla, los testimonios que luego desconocieron no eran imputaciones directas, sin embargo, sí ubicaban al sargento en el operativo de la noche del 3 de mayo en Palmarito y ellos sí se reconocían en el video que filmó la ejecución.
En una audiencia del 7 de junio, uno de los militares dijo que nada de eso era cierto, aunque antes lo había manifestado y firmado por escrito.
“No me reconozco en ningún video y si lo dije es porque fue muy insistente el Ministerio Público, inclusive se encaró conmigo y me intimidó de cierta forma, me dijo que aquí me iba a tener y aquí me tiene.
“Leí mi declaración y la firmé porque tuve que hacerlo, pero quiero precisar que en esa no aseguro nada porque tuve que hacerlo, quiero precisar que en ese momento no aseguro nada de lo que estoy diciendo”, declaró uno de los militares ante el juez de control.
En su escrito de agravios ante el tribunal, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó una ilegalidad en las entrevistas que practicó en un principio a los militares y sostuvo que más bien ellos probablemente se retractaron ante el juez por una cuestión de “disciplina” militar.
“Al ser miembros del Ejército nacional implica que los mismos están sometidos a una disciplina jerárquica, lo que implica respeto, subordinación y obediencia a los grados superiores y que en caso de desobedecer dicho código de conducta, sus superiores están facultados para reprenderlos.
“Situación que en el caso en concreto es de obligada observancia en atención a que el imputado es de una jerarquía superior a la mayoría de los testigos, lo que implicaría de manera indirecta, cuando menos, un respeto hacía su grado y más aún el hecho de que la defensa del imputado esté conformada completamente por oficiales del Ejército Mexicano, implica que los testigos de manera directa o indirecta podrían haberse sentido obligados o conminados a no contravenir lo manifestado por dichos sujetos”, dijo la PGR al tribunal.
El 7 de junio pasado el juez de control federal Luis Jiménez Martínez determinó no vincular a proceso al sargento por el delito de homicidio calificado, al considerar que no estaba acreditado el origen del video que grabó el asesinato y que no había testimonios directos en su contra.
La PGR apeló de inmediato la resolución porque estimó que, en principio, la necropsia realizada el 5 de mayo pasado arrojó que el presunto huachicolero sólo tuvo una causa de muerte, el traumatismo craneoencefálico producido por un proyectil de arma de fuego.
Alegó también que, más allá del origen cuestionado por el juez, el video se correspondía en modo, tiempo y lugar con los hechos, además de que constaba un análisis forense que concluía que no tenía cortes y presentaba imágenes con secuencia lógica, cronológica y continua.
La PGR también cuestionó que el juez de control le diera más valor a las retractaciones de los cuatro militares, que a sus declaraciones iniciales vertidas en entrevistas, dado que existe jurisprudencia que otorga prioridad a estas últimas por su inmediatez ante los hechos.
Uno de los militares que después se desdijo, narró en su primer testimonio que él estaba muy cerca del vehículo gris de los huachicoleros en posición de rodilla en tierra y que se percató que había un cadáver después de que le dieron la indicación de cubrirse ante un posible tiroteo.
“No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un compañero me tocó la espalda y me dijo ‘cúbrete, cúbrete, porque se escuchan muchos disparos en ráfagas todavía’, entonces cuando él me hizo esa pregunta (sic) yo levanté la cara y vi una persona robusta en un charco de sangre, entonces levanté más la mirada y vi al sargento con el rompe flamas hacia el cielo, aproximadamente unos dos metros de la persona que estaba en el charco de sangre.
“(…) Yo en ningún momento vi que el sargento accionara su arma”, declaró.
El día 30 del mismo mes, el Magistrado Esteban Santos Velázquez, titular del Segundo Tribunal Unitario de Puebla, revocó el fallo de primera instancia y sostuvo que la acusación de la PGR sí ofrecía los datos suficientes para vincular a proceso al integrante de la Policía Militar.