Reforma
2017-07-13
Ciudad de México— Para la organización Amnistía Internacional (AI) México, las detenciones arbitrarias son historias cotidianas en el país, que pueden desencadenar en otros delitos como tortura o desaparición forzada.
En el informe "Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México", que presenta hoy, AI señala deficiencias del sistema de justicia en los arrestos como la falta de un registro o la fabricación de delitos para justificar la aprehensión.
"Se trata de una historia cotidiana. Un día cualquiera, una persona sale de su casa pensando que regresará. Pero si es un hombre, pertenece a un estrato socioeconómico bajo, si tiene un estereotipo determinado, puede ser el sujeto perfecto para ser clasificado por el sistema penal por un probable responsable de un delito, o al menos alguien a quien se le puede inventar una causa", explica Tania Reneaum, directora de AI México.
De acuerdo con el reporte, los policías suelen argumentar falsamente flagrancia para realizar sus arrestos, ya sea para extorsionar, porque alguien más pagó por ello o para investigar otro delito, principalmente.
Además alerta por el uso desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa, motivo por el que una persona detenida sin fundamento legal puede pasar varios años en la cárcel, en espera de juicio.
"Necesitamos repensar el sistema de justicia penal, no para quitarle garantías, como ahora es el debate, sino para poner más garantías", consideró la activista.
Para el informe, Amnistía entrevistó a 25 personas que son o fueron funcionarios de Procuradurías, juzgados, tribunales y cuerpos de Policía.
La captura, tortura y encarcelamiento de Enrique Guerrero Aviña es uno de los seis casos que Amnistía Internacional muestra como ejemplo en su informe.
Aunque el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró en 2015 que se trató de una detención arbitraria y pidió al Gobierno federal su liberación, Enrique, estudiante de la UNAM y activista, lleva cuatro años en el penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
El joven, detenido el 17 de mayo de 2013, fue acusado, junto con otras 12 personas, del secuestro de los sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
De acuerdo con el documento, los jóvenes son las personas más señaladas en el tema de detenciones arbitrarias.
"El informe nos muestra también la forma en la que opera un sistema de justicia penal, la forma en la que crea casos y la forma en la que se violan sistemáticamente los derechos humanos".