Reforma
2017-07-11
Washington— En una de sus editoriales de este martes, el periódico estadounidense New York Times volvió a abordar el espionaje a activistas y periodistas por parte del gobierno mexicano al solicitar que su presidente, Enrique Peña Nieto, sea sincero cuando dice que aceptará ayuda extranjera sobre el hecho.
El diario indica que este 'obvio' abuso de la teconología Pegasus, el spyware israelí, amerita otra investigación internacional, puesto que la imagen del paíssólo se ha visto empeorada.
De acuerdo con lo publicado con un reportero del Times, primero llegó la revelación de que destacados luchadores anticorrupción mexicanos, activistas de derechos humanos y otros críticos del gobierno fueron objeto de vigilancia con un sofisticado software espía vendido al gobierno mexicano, para combatir el crimen y el terrorismo. Ahora viene la sorprendente adición de que un equipo internacional encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes, también estaba siendo observado con el software espía conocido como Pegasus, que secretamente monitorea los teléfonos celulares.
Las alarmantes revelaciones plantean dos cuestiones relacionadas. Una es el abuso por el gobierno - o por algunos elementos deshonestos en él - de la tecnología de ciberguerra altamente sofisticada y costosa. México ha negado la responsabilidad por el espionaje, pero adquirió el armamento; el haberlo usado contra los ciudadanos plantea profundas cuestiones legales y éticas, especialmente para un gobierno que ya se enfrenta a severas críticas sobre los derechos humanos.
La otra cuestión es si los vendedores comerciales de herramientas de vigilancia masiva, por bien intencionados que sean, pueden realmente controlar cómo se utilizan. En este caso, el Grupo NSO, una firma israelí, dijo que vendió Pegasus a los gobiernos, sólo después de comprobar sus prácticas de derechos humanos y sólo con la condición de que se utilizara únicamente para el seguimiento de criminales y los terroristas. Sin embargo, NSO admitió que después de venderlo, no tenía control sobre cómo se utilizó el spyware; y una vez descubierto en un teléfono, no es posible determinar quién lo plantó.
Lo que se sabe es que las agencias federales mexicanas han gastado, desde 2011, cerca de 80 millones de dólares en el spyware creado por NSO, que fue desplegado contra académicos, abogados, periodistas influyentes y miembros de su familia, y un grupo de investigadores internacionales.
Según el reportaje compartido ayer por Azam Ahmed, los investigadores fueron asignados, con el consentimiento de México, a examinar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 después de que fueran detenidos por la policía en el camino a una marcha en la Ciudad de México.
El gobierno afirmó que los policías locales y una banda de narcotraficantes para los que trabajaban mataron a los estudiantes. Meses de protestas públicas obligaron al gobierno a aceptar una investigación externa, pero una vez que ésta puso en duda su versión, el equipo estuvo bajo acoso y vigilancia.
Los investigadores abandonaron México en abril de 2016, y el caso sigue siendo un misterio. La desaparición masiva ya ha causado grandes daños al paísy a su presidente, Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo prometiendo cambiar la imagen de la nación.
Para el periódico, esa imagen sólo ha sido empeorada por las últimas revelaciones, así que el evidente abuso de peligrosa tecnología justifica otra investigación internacional.
Peña Nieto ha dicho que da la bienvenida a la ayuda externa; ésta vez debe ser sincero, expresó el diario.
Además, indicó que se debe hacer mucho más para controlar y controlar el spyware comercial, pues la tentación de que los gobiernos abusen de ella es intensa, y las prohibiciones de fabricantes como el Grupo NSO son obviamente insuficientes.