José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México– El delito de tortura es imprescriptible y se perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial a partir de hoy.
Las declaraciones o pruebas que sean resultado de esa práctica, de abuso o trato cruel e inhumano no tendrán validez ante un juez, de acuerdo con la nueva ley en la materia.
“Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas”, establece la nueva norma publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En 2016 se presentaron 216 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el país, de acuerdo con el organismo.
También recibió 528 denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.
Ante la entrada en vigor de la Ley General contra la Tortura, CNDH solicitó a los gobiernos federal y estatales hacerla efectiva y dotarla de recursos para erradicar el flagelo.
“Sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos, todo ello con profesionalismo para evitar la impunidad, ya que de no ser así, seguirá dándose el fenómeno de buenas leyes pero distantes en su aplicación”, señaló el Ombudsman.
El decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se publicó ayer en el DOF y entró en vigor este martes.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, pidió a los congresos de los estados acelerar la armonización de sus marcos jurídicos con la nueva norma.
Su entrada en vigor “es un gran paso para lograr verdadera defensa de los derechos humanos en México”, dijo en un comunicado.
Los congresos locales, como se estipula en los transitorios, tienen un lapso no mayor a 180 días para que homologuen sus marcos jurídicos con esta nueva normatividad, indicó.
Casi 200 casos registrados aquí
El sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn) consideró positivo que la tortura sea ahora un delito que se persiga de oficio.
“Vemos como positivo que exista una ley general porque eso da pie para que exista una uniformidad en todos los estados respecto a ciertas exigencias en torno a la tortura”, dijo.
Añadió que de lo más importante es que se va a castigar a cualquier mando jerárquico involucrado en la tortura y no solamente a quien la perpetua”.
Dijo que el centro tiene registrados 196 casos de tortura desde el 2011 hasta la fecha, de los que han llevado ante las autoridades a unos 33.
“Como centro hemos conocido que dentro de las audiencias en los tribunales, las víctimas han señalado directamente a los perpetradores y sin embargo, no les dan seguimiento los jueces. Creo que es una deficiencia seria al sistema penal”, expresó. (J.P.Espino/S. Castro)