Antonio Baranda/
Agencia Reforma
Ciudad de México— Sólo en los últimos dos años, el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado cuentas bancarias y bienes por al menos mil 222 millones de pesos a varios mexicanos que tejieron redes de corrupción en nuestro país.
Funcionarios de los tres niveles de Gobierno, políticos y empresarios han sido despojados en Estados Unidos de riqueza que, según las investigaciones, amasaron a través de desvíos de recursos, sobornos, "moches" o lavado de dinero, de acuerdo con un recuento de decomisos.
Además, EU busca confiscar al menos 271 mil 919.7 millones de pesos a narcos, entre ellos el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y a su operador financiero Dámaso López Núñez, "El Licenciado", así como al ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y a Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".
En el caso de servidores públicos, tan sólo al extesorero de Humberto Moreira en Coahuila, Javier Villarreal, el Gobierno estadounidense le aseguró 10 propiedades con valor de 37 millones de dólares (unos 670 millones de pesos), luego de llegar a un acuerdo con fiscales y de declararse culpable de lavado de dinero.
Incluso a Herminia Martínez, suegra del exmandatario coahuilense, le aseguraron en San Antonio, Texas, una propiedad de mil 188 metros cuadrados valuada en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado.
Como parte de otra negociación con autoridades estadounidenses, Luis Carlos Castillo Cervantes, "El Rey de los Dragones", quien realizó obras para dos Administraciones en Nuevo León, entregó un avión, 5 millones de dólares, automóviles, motocicletas, centenarios y hasta diamantes.
Otro caso es el de Francisco "Pancho" Colorado, un ex proveedor de Pemex vinculado a Los Zetas, a quien EU decomisó dos aviones y 25 millones de dólares (unos 450 millones de pesos) en cuentas bancarias en ese país, además de condenarlo a prisión hasta 2032.
La edición 2017 del Reporte Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos, que elabora el Departamento de Estado de EU, advierte que el Gobierno de México deja impune los delitos de lavado de dinero al procesar muy pocos casos ante las autoridades judiciales.
"El Gobierno batalla en procesar y sentenciar a aquellos acusados de actividades financieras ilícitas, así como decomisar propiedades y activos que son propiedad o controlados por los traficantes de drogas y lavadores de dinero", señala.
En EU, parte de los recursos confiscados pueden llegar a manos de las corporaciones policiacas que colaboraron en las investigaciones, los cuales son utilizados para la adquisición de armas, vehículos, equipo y pagos a agentes, explicó Omar Lucio, jefe del Departamento del Sheriff del Condado de Cameron, cuya sede es Brownsville.