Reforma
2017-06-15Ciudad de México─ La Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación penal por desacato de Pedro Landero López, exalcalde perredista de Nacajuca, Tabasco, así como de los otros diez exintegrantes del Cabildo municipal.
Por 6 votos contra 5, el Pleno de la Corte resolvió hoy que el Cabildo que gobernó Nacajuca en el periodo 2013-2015 es responsable del incumplimiento inexcusable de una sentencia de amparo que desde 2014 ordena indemnizar a decenas de extrabajadores del municipio.
Aunque en el pasado la Corte ha destituido y consignado a alcaldes y funcionarios municipales por desacato, tanto en activo como ya separados del cargo, es la primera vez que acusa a todos los exintegrantes de un Cabildo.
Por unanimidad, la Corte acordó no sancionar al actual Cabildo, que encabeza el panista Francisco López Álvarez, ya que probó que ha conseguido fondos para los pagos pendientes.
Una vez recibido el expediente de la Corte, un juez federal de Villahermosa tendrá que ordenar la aprehensión de Landero, la exsíndica de Hacienda, Mercedes López Pérez, y los exregidores Judith López, Julio Pérez, Florinda Álvarez, Miguel Sebastián Méndez, Rocío López Dionicio, José Asunción Arias, María de los Ángeles Díaz, Irma López Gómez y Delfina Gutiérrez.
El delito de incumplimiento de un amparo contempla penas de 5 a 10 años de cárcel e igual periodo de inhabilitación para el servicio público.
El ministro Alfredo Gutiérrez explicó que subsistía el incumplimiento respecto de 26 quejosos a los que se debían 11.9 millones de pesos, que en realidad tenían derecho a cobrar desde 2012, cuando el tribunal burocrático de Tabasco emitió a su favor un laudo que fue ignorado, lo que motivó la presentación del amparo en dos mil catorce.
"Para mí la rebeldía, la contumacia del municipio es evidente", dijo Gutiérrez, autor de la sentencia.
"Empezaron a haber indicios de cumplimiento cuando el asunto llegó a la Corte, antes de haber llegado a la Corte, verdaderamente todos los requerimientos del juez, del tribunal colegiado, del tribunal de conciliación fueron llamados a misa, no fue hasta que el asunto llegó a la Corte que se empezó a cumplir", agregó.
En la minoría, la ministra Margarita Luna Ramos sostuvo que la obligación de cumplir el amparo inició en mayo de 2014, cuando ya estaba avanzada la administración de Landero, y que el Congreso estatal no le autorizó fondos para ese año.
El martes, la Corte registró un empate al votar el proyecto, que el ministro Alberto Pérez Dayán rompió hoy en el sentido de apoyar la sanción, porque el actual Cabildo sí ha mostrado voluntad para conseguir los fondos, a diferencia de sus antecesores.