Reforma
2017-05-28
Ciudad de México— Ante un panorama de fugas, construcción de túneles, riñas, motines, hacinamiento y autogobierno en las cárceles del país, los estados han retrasado múltiples proyectos para construir penales.
Tlaxcala, Quintana Roo y Tamaulipas anunciaron la construcción de centros penitenciarios, con una inversión de más de mil 200 millones de pesos, aunque los procesos caminan lento.
Otras entidades con problemas de sobrepoblación penitenciaria, como Puebla, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Guerrero y Nuevo León, tienen archivados los planes para nueva infraestructura carcelaria, aún cuando han sido anunciados cada que brotan problemas en sus cárceles.
En medio de esta crisis en penales estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha detectado indiferencia de las entidades para atender sus observaciones y mejorar las condiciones de los reos.
El desgobierno oficial en los reclusorios se registra a pesar de que desde junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que se pretende que las autoridades recuperen la gobernabilidad de las prisiones.
"Ahí en los penales es donde surge la violencia que se vive en las calles, por la corrupción penitenciaria, donde se permite que siga operando la delincuencia", alertó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Tlaxcala arrastra un plan para un penal desde 2010, cuando pagó un proyecto ejecutivo. La administración de Mariano González Zarur (2011-2016) recibió los documentos y se estimó en 530 millones de pesos el costo de la obra.
Aunque esa entidad ya cuenta con inversionistas y un predio de 20 hectáreas en Ixtacuixtla, donde se proyecta construir un penal con capacidad para 755 varones y 192 mujeres, con espacios más amplios para talleres y actividades deportivas, el actual Mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez no ha mostrado interés para echar a andar la obra.
"Las actuales instalaciones del Cereso se construyeron hace 40 años, por lo que se encuentran deterioradas y quedaron inmersas en la mancha urbana, causando desconfianza entre las familias que habitan en la zona.
"El suministro de agua es insuficiente, lo que afecta la salud e higiene de los internos", reconoció en un diagnóstico el Gobierno de Tlaxcala.
En marzo, en un contexto de fugas y motines, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó a los gobiernos de los estados orden y disciplina en los centros de detención que administran.
"Se trata de un tema que todas y cada una de las entidades debe atender con prioridad, y aquí el llamado es a voltear a ver a las prisiones y establecer orden y disciplina antes de que haya más situaciones que lamentar", advirtió.
El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que existe la posibilidad de una cárcel en esa entidad con una inversión de 200 millones de pesos.
En Tamaulipas, tras enfrentamientos y fugas, el Gobierno federal y estatal iniciaron gestiones para construir un Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Victoria.
No obstante, esos proyectos reportan poco o nulo avance.