O. Chávez/J. Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México— Los mandatarios estatales, incluyendo el de Chihuahua, Javier Corral, el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de Segob y de la PGR, entre otros funcionarios, se reunieron de urgencia ayer en Los Pinos, después del asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, lo que desencadenó protestas en diversas partes del país para exigir justicia.
El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que el tema de los ataques a periodistas fue el punto principal del encuentro en la residencia oficial del presidente. “No basta con ubicar a los autores materiales, sino que se debe dar con las autorías intelectuales, que en su mayoría, provienen del crimen organizado”, añadió.
El gobernador del estado, Javier Corral, criticó el pobre desempeño de la Feadle, en la atención a crímenes contra periodista, trascendió.
“Estoy de acuerdo en reforzar todos los mecanismos de protección a periodistas, y por supuesto, dotarlos de mayores recursos, pero el principal protocolo de seguridad será atajar la impunidad en este tipo de delitos, reforzando la coordinación en tareas específicas, como la realización de operativos conjuntos que den con los responsables”, dijo el gobernador.
Respecto al asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, el gobernador Corral dijo: “se tienen avances importantes en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales, no puedo dar datos concretos porque se compromete la investigación, pero no les quepa duda, no habrá impunidad en este caso.
Tras las protestas en todo el país por el asesinato impune de periodistas, los gobernadores acordaron crear unidades especiales para investigar las agresiones contra comunicadores, homologar los mecanismos locales de protección con el federal y generar mapas de riesgo en los estados.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que “se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, además de “un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación”.
Las medidas fueron cuestionadas de inmediato por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que fijó un posicionamiento para rechazarlas porque son a largo plazo y no contienen acciones inmediatas para resolver los homicidios.
En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer seis compromisos adoptados por los mandatarios.
Entre ellos investigar con resultados evaluables los homicidios, crear u homologar fiscalías o áreas especializadas, conformar mapas estatales de riesgo y agresiones y cumplir recomendación 24-2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También trabajar con un protocolo único, homologar mecanismo de protección con el correspondiente federal.