Aprueba el Senado ley de desaparición

Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego de dos años de discusión y de violar sus propios plazos, el Senado por fin aprobó ayer la Ley Contra la Desaparición Forzada y Cometida por Particulares.

La norma fue avalada en lo general y en lo particular, y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, donde familiares de las víctimas urgen a que se ratifique hoy mismo, antes de que se cierre el periodo ordinario de sesiones.
Dede 2014, el presidente Enrique Peña anunció la expedición de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y de un Sistema Nacional de Información Genética.
El 10 de julio de 2015, publicó el decreto de reforma al artículo 73 constitucional para permitir al Congreso de la Unión aprobar la ley general que estableciera el tipo penal en materia de desaparición forzada de personas.
La reforma estableció un plazo constitucional de 180 días para emitir la legislación, el cual venció el 6 de enero de 2016, lo cual implica un atraso de un año y tres meses para su aprobación.
En el Senado se llegaron a presentar 33 iniciativas sobre el tema, incluyendo una del Ejecutivo federal y otra realizada por colectivos de víctimas.
Ayer, pese a su importancia y el reclamo de familiares de las víctimas y de organismos internacionales, para su aprobación fue necesaria la rectificación de quórum, ya que el salón de plenos lucía vacío durante la discusión del tema.
Tras 10 minutos de llamado, apenas se presentaron 70 de los 128 legisladores.
La minuta fue avalada en medio de críticas y cuestionamientos.
“Esta no es la ley que merecían las víctimas de los delitos más deleznables. Se eluden aspectos medulares, no obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando, ni es contundente con los mandos militares y policiacos, no sólo es quien jala el gatillo, sino el que da la orden”, acusó la senadora del PT, Layda Sansores.

Bota anticorrupción
El Senado eludió nuevamente su responsabilidad para nombrar al Fiscal Anticorrupción, con lo cual acumula 3 años y un mes en deuda con ese nombramiento.
Ayer concluyeron los trabajos de la Cámara alta del primer periodo ordinario de sesiones y así se canceló la posibilidad de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción incorpore al único miembro que le hace falta.
Desde el 13 de marzo de 2014, cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, el Senado está en la obligación, por mandato constitucional, de designar al titular de esa área, que tiene encomendada la persecución penal de los hechos de corrupción.
Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que existe una falta de voluntad política.
“Si la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción tiene más de tres años, éste es un plazo más que suficiente para haber hecho la designación, para que los partidos políticos se pusieran de acuerdo”, consideró Pérez de Acha.
Además de incumplir con el nombramiento del Fiscal, PRI y PVEM en el Senado se negaron a incorporar reformas para garantizar la autonomía de este cargo.
Los legisladores quedaron además a deber la designación de 18 magistrados especializados en combatir la corrupción, pues apenas esta semana el Ejecutivo federal entregó las propuestas para ocupar dichos cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa.