José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México— Los cinco diputados federales por Ciudad Juárez entregaron a sus grupos parlamentarios recibos sin valor fiscal para comprobar el gasto del bono navideño por 150 mil pesos entregado a cada uno en diciembre pasado.
Tampoco informaron el destino específico de los recursos públicos.
Los tres priistas, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y Fernando Uriarte Zazueta, erogaron la mayor parte en “gastos de atención ciudadana y por gestiones propias de fin de año”, los cuales no detallaron.
La diputada del PVEM, María Ávila Serna, donó el monto en material para construcción, sin especificar a quiénes.
Por su parte, la panista Cristina Jiménez Márquez lo gastó en cobijas, juguetes, posadas, asistencia social y compensación a sus colaboradores.
En todos los casos, los comprobantes entregados no incluyen nombres de los beneficiarios o documentos que confirmen los gastos.
La hoja de “Informe de justificación de gastos” del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional incluye tres rubros:
“Remuneraciones adicionales (apoyos) al personal de las casas de enlace, no adscritos a la Cámara de Diputados”; “Gastos de atención ciudadana y por gestiones propias de fin de año”; y, “Donaciones a instituciones o asociaciones”.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Distrito 02, reportó un gasto de 5 mil 556.99 pesos en el primer concepto; 147 mil 750 en el segundo; y ninguna erogación en el tercero.
La diputada Adriana Terrazas Porras, del Distrito 04, notificó el uso de 152 mil 400 pesos solo por el segundo concepto.
De igual forma, el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Distrito 01, únicamente informó “gastos de atención ciudadana y por gestiones propias de fin de año” por 152 mil 500 pesos, sin ofrecer más detalles.
El formato del Partido Verde Ecologista incluye tres rubros similares, a comprobar de manera económica o enunciativa.
La diputada María Ávila Serna, del Distrito 03, reportó los dos primeros en blanco.
En el tercer concepto, “Otros (donativos, asesoría técnica especializada, comunicación, etc.)”, manifestó un gasto de 150 mil pesos en “material para construcción (láminas y polines”, sin especificar los nombres de los beneficiarios o la ubicación de los inmuebles atendidos.
La diputada del PAN, Cristina Jiménez Márquez, de representación proporcional, gastó 95 mil pesos en cobijas, 20 mil en juguetes, 16 mil en posadas, 7 mil en compensación a colaboradores, 9 mil en asistencia social y 5 mil 640.70 pesos en “otros”.
En total, 157 mil 640.70 pesos, según el comprobante.
El “Reporte de actividades para la gestión” de la fracción panista incluye un desglose que atiende a la pregunta: “¿Qué tipo de acciones implementó para satisfacer necesidades o demandas ciudadanas”.
En el rubro Desarrollo Social señaló acciones de asistencia y donación de cobijas; en Salud, sillas de ruedas y bastones.
En Educación, eventos culturales y apoyo a asociaciones deportivas; y, en Apoyo a Organizaciones, marcó “Varios”.
Los legisladores no tenían obligación de entregar facturas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Gracias a los acuerdos entre los grupos parlamentarios, basta que los diputados entreguen un recibo simple a las áreas administrativas de sus fracciones para justificar el gasto de los apoyos entregados.
El SAT va por ellos
Ese manejo de recursos públicos cambiará este año.
El 29 de noviembre de 2016, el SAT envió a la Cámara de Diputados un oficio con los “Criterios y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, aplicables a las asignaciones o apoyos otorgados a legisladores”.
El 15 de diciembre de 2016, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados emitió el “Acuerdo por el que se autoriza el otorgamiento de apoyo único para pago a colaboradores y gestión social en oficinas de enlace legislativo y atención ciudadana”.
De esa manera, 416 legisladores recibieron 150 mil pesos a cada uno. El resto lo rechazó o lo devolvió, según la Unidad de Transparencia del órgano legislativo.
En suma, 207 diputados del PRI recibieron en conjunto 31 millones 050 mil pesos; 105 del PAN, 15 millones 750 mil pesos; 60 del PRD, 9 millones; 42 del PVEM, 6 millones 300 mil.
Además, 11 del Panal, un millón 650 mil pesos; y, 9 de Encuentro Social, un millón 350 mil pesos.
El mismo 15 de diciembre, el administrador general Jurídico del SAT, Jaime Eusebio Flores Carrasco, se reunió con integrantes del Comité de Administración para exponerles las medidas fiscales relacionadas con las asignaciones o apoyos que deberán cumplir los legisladores a partir de 2017.
El funcionario dijo que a partir del 1 de enero del presente año “los apoyos parlamentarios los tienen que comprobar” ante la Cámara de Diputados.
El documento se refiere a las asignaciones para atención ciudadana, asistencia legislativa o parlamentaria, gastos de gestión, apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del trabajo.
Los legisladores federales que no comprueben en qué gastaron los recursos extraordinarios que reciban, tendrán que pagar los impuestos correspondientes, señaló.