El Diario
2017-04-15
Cuando el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington estuvo prófugo el año pasado, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en México y Estados Unidos, le fueron asignados ocho policías estatales como guardaespaldas, de acuerdo con documentos revisados por el Wall Street Journal.
Las órdenes emitidas por el jefe de la Policía de investigación estatal muestran que la procuraduría de Tamaulipas, bajo la administración anterior, autorizó que policías estatales de Tamaulipas fungieran como cuerpo de seguridad para Yarrington en cualquier lugar de México entre julio y diciembre del 2016. La Policía federal mexicana aparentemente estaba en ese tiempo buscando a Yarrington.
Fue arrestado el domingo por la Policía italiana cumpliendo con una orden de aprehensión de Estados Unidos mientras salía de un restaurante en Florencia.
La información de que ex oficiales de la Policía estatal de Tamaulipas estuvieron a cargo de la seguridad de Yarrington muestra que “la corrupción no es un problema del sistema, la corrupción es el sistema”, dijo Alejandro Hope, un exfuncionario mexicano de inteligencia.
Tamaulipas, estado que colinda con Texas, se ha mantenido asediado por largo tiempo por la violencia del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el tráfico humano. Es también el hogar del cártel del Golfo, una de las principales organizaciones criminales de México que históricamente mantiene vínculos muy cercanos con el régimen político en Tamaulipas, según dice Guadalupe Correa Cabrera, un experto en la problemática fronteriza de Tamaulipas de la Universidad de Texas en Rio Grande, al igual que otros analistas.
Yarrington es uno de una serie de exgobernadores que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernadores que por sus actos de corrupción se han convertido en un obstáculo para el partido, ahora que enfrenta importantes elecciones estatales este año en camino rumbo a las elecciones presidenciales en el 2018. Otros cuatro ex gobernadores del PRI, de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua han eludido el arresto por cargos que se les han fincado en Estados Unidos o México que van desde lavado de dinero hasta malversación de fondos estatales. Todos estos ex gobernadores han dicho que son inocentes de todo delito. (Con información de The Wall Street Journal)