Reforma
2017-04-15
Ciudad de México– La Procuraduría General de la República (PGR) debe emprender una indagatoria a partir de las acusaciones del Gobierno de Morelos contra el Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, urgió el diputado Waldo Fernández.
El legislador perredista, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, señaló que las investigaciones por ese delito son de la competencia de la PGR, por ello, apremió a la dependencia a intervenir y esclarecer los señalamientos contra el ex futbolista.
Agregó que la participación de la Procuraduría daría la certeza de una impartición de justicia apegada al debido proceso, debido al nivel de enfrentamiento entre el Gobierno de Graco Ramírez y el de Blanco.
“Ha habido una serie de enfrentamientos, desde que llegó Cuauhtémoc Blanco como Alcalde de Cuernavaca, entre él y el Gobierno del estado, pero, más allá de la disputa política, lo que debe prevalecer es el Estado de Derecho”, expuso Fernández en entrevista.
“La gente de Morelos tiene derecho a conocer la verdad y, dado el clima de enfrentamiento político, si lo hace un tercero, en este caso la Procuraduría General de la República, estaríamos más cercanos a evitar la politización del asunto”.
Reformapublicó hoy que un juez ordenó detener a Blanco por el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, organizador de la Feria de Cuernavaca, según dio a conocer el abogado del propio Edil.
La orden de aprehensión se basó en el testimonio del presunto homicida, quien, en una audiencia, señaló que Blanco lo instruyó a matar al empresario.
Sin embargo, la Fiscalía estatal rechazó haber solicitado la captura del Presidente Municipal.
Fernández sostuvo que el encono entre Ramírez y Blanco ha frenado la coordinación de ambos niveles de Gobierno en tareas de seguridad, así como ha minado la credibilidad en el sistema de impartición de justicia en la entidad.
Al respecto, el diputado federal consideró que dichos enfrentamientos en última instancia perjudican a los morelenses.
“Los dimes y diretes desgastan a las instituciones, deterioran la relación con las autoridades y el ciudadano se queda con la idea de que está rodeado de personas que están cometiendo delitos aunque nadie ha sido juzgado”, explicó.
“Se mina la autoridad del sistema democrático, pues son personas que fueron elegidas por los ciudadanos; estás deteriorando la imagen del Alcalde y del Gobierno del estado, y minando la credibilidad en un sistema de justicia que ya de por sí en el País tiene serios problemas”.