El Diario
2017-04-12
Un reporte del periódico El País reveló que en diez años, 17 exgobernadores mexicanos se encuentran actualmente bajo diversos procesos judiciales por hechos de corrupción, presos, fugados o bajo investigación.
La información, replicada por varios medios de comunicación nacionales, plantea que la serie de escándalos golpea al gobierno de Enrique Peña Nieto y ha elevado una raya más la indignación popular.
La corrupción, dice el medio digital, se ha colocado como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, después de la inseguridad, de acuerdo con datos del INEGI.
La publicación señala que la detención en Florencia, Italia, del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, quien era buscado desde hace 5 años por la Interpol, se convirtió en el último caso de una larga lista de funcionarios acusados de “esquilmar la sanidad pública, trabajar para el narco, comprar ranchos en Texas o quedarse con terrenos a pie de playa”.
El reporte de El País señala que uno de los ejemplos de la naturalidad con la que conviven los partidos políticos mexicanos con la corrupción, la dio el PRI, que expulsó a Yarrington en diciembre de las filas del partido.
No obstante, lo que pretendía ser una decisión ejemplar terminó siendo un ridículo gesto al suspender los derechos políticos de un militante que llevaba casi cinco años fugado de México y cargaba con dos órdenes de detención de Estados Unidos y México.
Otro ejemplo conocido públicamente es el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia hace más de cinco meses.
Javier Duarte es considerado uno de los gobernadores más corruptos que ha dado México, menciona el reportaje.
La publicación hace alusión a que Peña Nieto puso a Duarte como ejemplo –junto con el también prófugo César Duarte, exgobernador de Chihuahua– de renovación generacional y la llegada de “un nuevo PRI”.
Veracruz, gobernado ahora por el PAN, se encuentra en quiebra técnica y depende de las dádivas del Gobierno central, suficiente para evitar la revuelta social. Oaxaca, Guerrero o Tamaulipas atraviesan una quiebra económica similar.
En los últimos meses, Cesar Duarte, gobernador de Chihuahua ha sido acusado de desvío de recursos; Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, señalado por quedarse con terrenos a pie de playa y Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, encarcelado por lavado de dinero se suman a los citados Javier Duarte y Tomás Yarrington. Y así hasta 17 mandatarios.
La publicación destaca declaraciones de Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“El caciquismo regional no ha sido desterrado y opera en medio de una gran impunidad y falta de controles políticos. Es necesario revisar el actual sistema federal, que supone una etapa ya rebasada, diseñada en el siglo pasado. Antes, el control hegemónico lo ejercía, desde dentro, un solo partido que no permitía los excesos”, explicó a El País, el analista.
En esta nueva realidad no se han construido los contrapesos necesarios; No hay un pacto como tal entre presidente y gobernadores, sino un acuerdo de entendimiento. Las autoridades locales son determinantes en la elección de legisladores nacionales” dijo el académico.
Ante la avalancha de casos de corrupción, Peña Nieto ha reaccionado de forma tibia, mientras la putrefacción periférica sepulta al “nuevo PRI” y sus aspiraciones presidenciales, concluye la publicación.