Agencia Reforma
2017-04-12
Ciudad de México— Los Gobiernos de México y Estados Unidos informaron que colaboran en una estrategia conjunta para que el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington pueda ser juzgado en ambos países.
Yarrington es acusado de facilitar el trasiego de toneladas de droga hacia Estados Unidos a cambio de un porcentaje de cada cargamento.
Así establece la acusación criminal contra en Estados Unidos, presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Texas.
El documento indica que desde 1998, el político mexicano recibía sobornos del Cártel del Golfo para que el grupo criminal no tuviera “interferencias” en el trasiego de Tamaulipas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, los pagos de dicha cártel se mantuvieron durante y después de su gestión como Gobernador, entre 1999 y 2014.
“La Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos de América están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas a fin de que Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia”, indicaron las dependencias en un comunicado.
En Washington, el Departamento de Justicia confirmó las labores conjuntas para que el exmandatario enfrente cargos ante la justicia de ambos países.
“En seguimiento a nuestra fuerte alianza de aplicación de la ley, la oficina del Procurador General mexicano y el Departamento de Justicia de EU están trabajando juntos en una estrategia legal que permita que Tomás Yarrington enfrente la justicia en ambos países”, dijo a Grupo Reforma una vocera del DOJ que prefirió guardar el anonimato al solicitarle el comentario.
El Gobierno de México informó ayer que solicitó la extradición de Yarrington desde el 11 de abril.
En México al exgobernador se le acusa de un solo delito contra la salud que puede ser castigado hasta con 20 años de cárcel, mientras que Estados Unidos lo busca por 7 cargos de narcotráfico, lavado, delincuencia organizada y fraude bancario que le harían acreedor a dos cadenas perpetuas y una condena adicional de 90 años de prisión. (Con información de José Díaz Briseño)