Alertan sobre riesgos de ley de seguridad

AFP

Jiutepec, Morelos— Una tarde cualquiera Jethro Sánchez, un ingeniero mexicano, festejaba su primer negocio. Esa misma noche moría asfixiado: unos militares lo enterraron vivo con el rostro desfigurado por ácido después de torturarlo, explica su padre a la AFP junto a su tumba.

Argumentando que la Policía estaba sumida en la corrupción y debía ser depurada, en diciembre de 2006 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón decidió recurrir al ejército para combatir el narcotráfico.
Pero quienes se oponen a esa política han alertado que los militares no tienen el entrenamiento adecuado para tratar esos asuntos y desde entonces, organizaciones como Amnistía Internacional han documentado una larga lista de casos como el de Jethro.
Ahora, el parlamento estudia desde septiembre propuestas de varios partidos para regular la participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado.
No hay hasta ahora un proyecto de ley consensuado y no se ha publicado el contenido de las propuestas partidistas, pero hay temor de que la norma brinde protección a los militares que cometan abusos.
El tema provoca tanta controversia que la sesión legislativa puede terminar el 30 de abril sin que se haya votado esta denominada Ley de Seguridad Interior.
Mientras tanto, en el panteón de Jiutepec, en el centro de México, el padre de Jethro, Héctor Sánchez de 63 años, lamenta que muy pocos familiares de víctimas denuncien la tortura.
Su hijo, ingeniero electromecánico, tenía 26 años cuando fue detenido por la Policía el 1 de mayo de 2011 en una pelea callejera desatada en una feria local, donde festejaba la victoria de un equipo de futbol que había patrocinado.
Los agentes lo entregaron a los militares asegurando que se trataba de un narcotraficante, afirma su padre.
Su cadáver fue hallado dos meses después en el estado de Puebla, 150 km al este.
Jethro “estaba haciendo su maestría (...) no había motivo para que le hicieran esto”, dice Héctor con voz ahogada.
Tras seis años de recorrer laberintos jurídicos, este hombre de tez morena, que se gana la vida reciclando autopartes, espera que finalmente los tres militares detenidos por el crimen sean juzgados y sentenciados.

‘Cheque en blanco’

Actualmente hay unos 50 mil militares desplegados en todo el país y los detractores de la propuesta Ley de Seguridad Interior temen que ésta les dé un “cheque en blanco”.
“Desde hace años hemos advertido que involucrar a Fuerzas Armadas que están entrenadas para el combate (...) en tareas de orden interno y especialmente de persecución del delito puede ser un gran error”, subrayaba el exrelator de Naciones Unidas para la tortura, el argentino Juan Méndez, durante una visita a México en marzo.
“Los militares no somos violadores sistemáticos de derechos humanos”, insistía ese mismo mes el director de Derechos Humanos de la Defensa, general José Carlos Beltrán.
Alejandro Ramos, responsable de Asuntos Jurídicos de la Defensa Nacional, asegura a la AFP que las fuerzas castrenses se han sentido “incómodas” todos estos años haciendo tareas policíacas.
Y ante las acusaciones de violación de derechos humanos, añade: si “pretenden que nos cambiemos el armamento, o que cambiemos el adiestramiento para Policía, entonces no eran fuerzas armadas lo que necesitaban”.
Claudia Medina, de 36 años, también fue acusada de narcotráfico cuando el 6 de agosto de 2012 la sacaron de madrugada de su casa en Veracruz junto con su esposo, que sigue preso.
“Estuvimos incomunicados y vendados de los ojos por aproximadamente 39 horas, y durante ese tiempo yo fui sujeta a tortura física, sicológica y sexual... me dieron descargas eléctricas, golpes, patadas”, describe.
“Para que dejaran de torturarme les dije que podía firmar” cualquier declaración, recuerda. Y asegura que en el trayecto al Ministerio Público los marinos la amenazaron con torturar también a sus tres hijos si no cumplía.