José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— Antonio Enrique Tarín García promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de sus derechos político-electorales en contra de la negativa de la Cámara de Diputados a tomarle protesta como legislador.
El exfuncionario estatal también señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable de haberle impedido asumir la diputación federal como suplente del fallecido Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.
Tarín García reclama que ambas instancias violaron su derecho a rendir protesta como diputado federal, después de que se dio a conocer que un juez estatal emitió una orden de arresto en su contra como probable responsable del delito de peculado.
El caso será resuelto por la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
El Tribunal informó que envió un requerimiento a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y al fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, entregar constancias sobre informes sobre la situación legal de Tarín García.
El TEPJF turnó el expediente con el número SUP-JDC-0201-2017 a la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis, para que elabore la ponencia correspondiente.
El subsecretario General de Acuerdos del TEPJF, Rubén Jesús Lara Patrón, dio a conocer que el escrito con el recurso fue recibido en la oficialía de partes el 31 de marzo.
El martes 28 de marzo anterior, Tarín García se presentó en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para rendir protesta como diputado federal, según el orden del día que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Sin embargo, las bancadas del PAN y del PRD se opusieron bajo el argumento de no darle fuero constitucional, por lo que el PRI aceptó retirar el punto de la agenda.
La Fiscalía General del Estado lo acusa del desvío de 300 millones de pesos cuando fungió como director general de Adquisiciones del Gobierno del Estado, durante la gestión de César Duarte Jáquez, actualmente prófugo de la justicia
El exfuncionario estatal permaneció 28 horas oculto en la Cámara de Diputados, gracias que el grupo parlamentario del PRI le facilitó las oficinas del extinto Hermosillo Arteaga.
Abandonó el Palacio Legislativo de San Lázaro hasta que una jueza federal otorgó una suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió para no ser detenido.
Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó el beneficio según el expediente 263/2017, pero está pendiente que determine si le otorga la suspensión definitiva o sobresee la petición.