Reforma
2017-03-31Ciudad de México─ Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México, recriminó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, al rendir su informe anual.
Frente al presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman lamentó que la corrupción, impunidad y la carencia de rendición de cuentas prevaleció el año pasado en las conductas de autoridades e instituciones.
"Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, indiferencia y encubrimiento parecerían ser la constante", reclamó.
Advirtió que en varias partes del país no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica, por lo que se acentuó la violencia, mientras que la falta de Estado de Derecho aumentó los homicidios, secuestros, desapariciones, extorsiones y robos.
González puso énfasis en las fosas clandestinas que se han encontrado, por lo que demandó al presidente de la República que se escuchen con sensibilidad las denuncias.
"Solicitamos que las fosas que se ubiquen sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mimas y sus familiares", dijo.
En medio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, insistió en que las Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles, pues las tareas de seguridad que realizan dependen de otras áreas.
Éstas, agregó, sólo deberían participar en las calles cuando las condiciones así lo permitan, de manera gradual y verificable.
"El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea", apuntó.
Exigió que con el mismo interés que se analiza la Ley de Seguridad Interior, se trabaje en las leyes generales sobre desapariciones y tortura.
El presidente de la CNDH también recriminó a Peña Nieto que las denuncias, recomendaciones y señalamientos de los organismos u organizaciones en derechos humanos mexicanas no se atiendan hasta que es una instancia internacional la que hace el reclamo, como sucedió con el caso Iguala.
"El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas", agregó.
También criticó las acciones que el Gobierno federal ha lanzado en favor de los migrantes mexicanos en derechos humanos, pues argumentó que éstas son insuficientes.
Además, dijo, también se debe garantizar mejores condiciones a los deportados.
Advirtió que se debe tener una "ética de la coherencia" con los migrantes de otros países que atraviesan por México.
"Es preciso que todas las autoridades asuman que la escénica del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad", añadió.
"El cumplimiento de la ley debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de lo servidores públicos".