Reforma
2017-03-30Ciudad de México─ Los diputados de Movimiento Ciudadano pidieron iniciar un juicio político para destituir del cargo e inhabilitar a Anuar González Hemadi, el juez que concedió un amparo a uno de los llamados "Porkys", implicados en la violación de una menor en Veracruz.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió ayer a González Hemadi, quien concedió el amparo argumentando que si bien Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los llamados "Porkys", tocó a la menor pero no tuvo "lasciva", pero los legisladores argumentan que eso no es suficiente.
"Jueces como él no pueden estar a cargo de la justicia, jueces como él nos violentan todos los días y a todas horas, acusó la diputada Candelaria Ochoa.
Junto con Jorge Álvarez Máynez, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco entregaron la solicitud de juicio político esta mañana para lo que buscan sea un castigo ejemplar en contra del juez que ya fue suspendido.
"Lo que pasó con el juez en el caso Daphne (la menor agredida por los 'Porkys') es lo que ha pasado y lo que pasa con muchísimas mujeres en este país, que se les comete una agresión, que atenta contra su integridad y no pasa nada. No podemos permitir que ese tipo de jueces que violan los derechos humanos sigan trabajando en México", exigió Verónica Delgadillo.
Los legisladores de MC entregaron la solicitud en la Dirección de lo Contencioso de San Lázaro, la ratificarán este mismo día y luego van a esperar que se discuta en el Pleno.
Los diputados criticaron la lentitud de la justicia mexicana en un caso que ocurrió hace más de un año, donde están involucrados hombres adinerados de Veracruz y en el que las autoridades no actuaron sino hasta que fueron obligados por la presión social.
"En el caso de Daphne se junta la incompetencia de las instituciones, las relaciones públicas de las familias de los culpables y el machismo en este país, y eso ya no podemos permitirlo", dijo Ochoa.
El Artículo 110 de la Constitución establece que los jueces de Distrito podrán ser sujetos de juicio político por parte de la Cámara de Diputados, la cual podrá imponer como sanción la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer un puesto público durante un tiempo determinado.
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