Reforma
2017-03-09
Ciudad de México— Algunos de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen un historial cuestionado.
Entre los prospectos para una de las tres vacantes en el Consejo General, hay quienes han sido señalados por tener nexos con partidos políticos, son o han sido consejeros electorales, y hasta han sido acusados por conflictos de interés.
Además, entre los postulantes hay consejeros de entidades con elecciones en curso.
Tal es el caso de Natalia Pérez Hernández y Palmira Tapia, consejeras del Estado de México, quienes a pesar de que se encuentran en proceso electoral para la renovación de la gubernatura mexiquense, aparecen en la lista de 152 aspirantes al INE, proceso que concluirá en abril.
Sergio López Zúñiga, actual consejero electoral de Nayarit, que llegó al cargo impulsado por el PAN y el PRD, también aspira a ser consejero del INE, al igual que Tania Celina Vásquez, actual consejera de Veracruz.
Sayonara Flores Palacios, esposa del exdiputado perredista Domitilo Posadas, también fue consejera electoral del Edomex en 2008, bajo un supuesto aval del PAN y el PRD.
Aunque actualmente ya no está en el cargo, Alberto Campos Olivo difundió mensajes en redes sociales a favor del PRI y de Rubén Moreira, por lo que su nombramiento como consejero electoral de Coahuila en 2013 fue impugnado por el PAN.
Otro caso es el del exmagistrado Flavio Galván, quien además de ser vinculado con el PRI, en 2007 tuvo que renunciar a la presidencia del TEPJF debido a que la Contraloría Interna y el Consejo de la Judicatura Federal investigaban presuntas anomalías de su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar, relacionadas con la adquisición de un inmueble.
Fidencio Aguilar Víquez, exconsejero electoral poblano, fue acusado de falsear información sobre 14 expedientes, y aunque el INE confirmó el agravio, lo dejó sin castigo.
Rubén Enrique Becerra Rojas-Vértiz, quien fue magistrado electoral y visitador general del TEPJF, recibió señalamientos de proteger a los magistrados del tribunal electoral poblano, entre los que se encontraba su esposa Claudia Barbosa, prima del senador Miguel Barbosa.
En 2013, cuando también aspiraba a ser consejero del INE, José Alberto Casas fue acusado por perredistas de tener un despacho dedicado a litigar asuntos electorales con partidos, así como con una fundación de la esposa del exdiputado priista Manuel Añorve.
Maday Merino y Miguel Angel Fonz Rodríguez, actuales consejero electorales de Tabasco, fueron investigados por aumentarse 23 mil pesos su salario.
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