Militares al cuartel, insiste la CNDH

Agencia Reforma

Ciudad de México— La Ley de Seguridad Interior debe definir un periodo claro para que las Fuerzas Armadas regresen gradualmente a sus cuarteles y fijar sanciones a las autoridades que no cumplan esta medida en los tiempos establecidos, afirmó el Ombudsman Luis Raúl González Pérez.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que este mecanismo gradual y verificable tiene que ir acompañado de un programa de fortalecimiento de las corporaciones policiacas.
“Desde hace 4 ó 5 años se planteó el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los cuerpos policiales”, indicó.
“Llevamos 10 años con este mensaje del fortalecimiento (de las Policías) y hoy a 10 años estamos exigiendo lo mismo: tenemos que voltear los ojos y ver quién ha fallado en esa estrategia y exigir a los Gobiernos estatales asumir esa responsabilidad.
“Creo que se tienen que tomar los controles para que esto se verifique y a quien no cumplan se le impongan las sanciones correspondientes”, dijo.
Durante un foro realizado en la UNAM como parte del período de discusiones públicas en torno a la Ley de Seguridad Interior, González Pérez dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas “no es lo más deseable”, si bien, precisó, no se cuestiona su compromiso y entrega.
Ilustró que en 10 años de guerra contra el narcotráfico se han registrado violaciones graves a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento interno forzado y abuso a migrantes.
Señaló que el combate al problema de la inseguridad y violencia debe ser integral y pasar por la capacitación policiaca; la inteligencia financiera y la investigación criminal; el combate al tráfico de armas y el replanteamiento del sistema penitenciario.
“Abordar esta problemática de manera parcial sólo producirá soluciones parciales que no resolverán las cuestiones de fondo”, apuntó.
“La necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido (...) no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas”.
Sin embargo, mencionó que si el Congreso insiste en elaborar un instrumento en materia de seguridad interior, éste no debe propiciar que se restrinja el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, la libertad de expresión y la libertad de tránsito.