Reforma
2017-02-09Ciudad de México─ El proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior dio un paso adelante en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Seguridad Pública emitió una opinión a favor de la iniciativa presentada por el PRI en noviembre pasado, con el fin de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
El presidente de la Comisión, el panista Jorge Ramos, explicó que la opinión favorable será enviada a la Comisión de Gobernación, la cual deberá iniciar formalmente el proceso de dictaminación de la propuesta.
Además, la Comisión avaló dar en conjunto opinión favorable a la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
"Esta Comisión de Seguridad Pública emite su opinión en sentido positivo a la Iniciativa con proyecto Decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Interior presentada por el diputado César Octavio Camacho Quiroz y la diputada Martha Sofía Tamayo Morales y a la Iniciativa con proyecto Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, presentada por la diputada Candelaria Ochoa Ávalos y suscrita por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, en virtud de los argumentos asentados en el presente documento, para que sean observados y analizados al momento de elaborar el dictamen correspondiente", señala el documento aprobado por mayoría.
La perredista María Cristina García y el diputado de Morena, Cuitláhuac García, se manifestaron en contra de la opinión favorable a la Ley de Seguridad Interior.
En sus intervenciones advirtieron que con la nueva ley se estará legalizando la presencia del Ejército en las calles y admitiendo la violación de derechos humanos que ha habido en su actuación en los últimos 10 años.
"No omitimos señalar que al momento de dictaminar estas y las demás iniciativas pendientes en la materia habrá de tomarse en cuenta lo mejor de cada propuesta, toda vez que las mismas fueron presentadas con distintos enfoques pero coincidentes en el sentido de fortalecer a las instituciones nacionales para su adecuado funcionamiento, dar certeza a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y buscar solucionar los problemas de inseguridad, generar tranquilidad en la población que le permita desarrollar todas sus actividades tanto al interior de sus hogares como en la vía pública", se menciona en el documento aprobado, debido a que existen diversas de propuestas en Cámara de Diputados y en el Senado.
El documento señala que la Ley de Seguridad Interior establece que el Ejecutivo federal aplicará la legislación, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las Fuerzas Armadas, en coordinación con los demás órdenes de gobierno.
La legislación prevé el procedimiento para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, con lo que intervendrían las Fuerzas Armadas en determinados territorios para combatir al crimen.
La ley regula la intervención del Gobierno federal en materia de Seguridad Interior bajo dos modalidades: la primera, cuando el presidente de la República así lo determine, de conformidad con su responsabilidad de proteger y con fundamento en el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La segunda, a petición de las Legislaturas de las entidades federativas o de su Ejecutivo, cuando aquella no se encuentre reunida, de conformidad con el principio de garantía de protección federal prevista en el artículo 119 de la Constitución.
Se prevé la intervención progresiva y gradual del Gobierno federal, primero con la participación de las autoridades y fuerzas de seguridad pública federales y, cuando éstas sean insuficientes para contrarrestar la amenaza, se dará la intervención a las Fuerzas Armadas, como último recurso.
La propuesta establece que las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se apoyarán en las unidades y procesos de inteligencia del Sistema de Seguridad Nacional.
En tanto, la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional propone evitar duplicidad de funciones o confusión en los ámbitos de competencia del Secretario Técnico del Consejo y del Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Se propone establecer ambas funciones en una sola persona, que dependerá directamente del presidente de México.
Con ello se asegura una asesoría más directa a quien es por ley el responsable de la Seguridad Nacional y, por ende, el principal tomador de decisiones, argumenta el texto.