José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México— Un juzgado federal desechó las primeras 50 demandas de amparo promovidas en contra del nuevo esquema de precios de gasolinas y determinó que el recurso no es la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Silvia Cerón Fernández, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazó las peticiones “por resultar notoriamente improcedentes”, bajo el argumento de que el Poder Judicial no puede sustituir las funciones del Congreso de la Unión.
La mayoría de los amparos fueron promovidos por el Gobierno de la Ciudad de México y particulares que impugnaron la Ley de Ingresos de la Federación 2017, el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda para fijar los precios máximos de las y el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía.
La juzgadora sustentó su fallo en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la rectoría económica del Estado, la cual establece que el artículo 25 constitucional “no otorga a los gobernados garantía individual alguna para exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas”.
Según la sentencia, “las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”.
“Ello constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señalados como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico, pues sería tanto como sustituirse en la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, dio a conocer el CJF en un comunicado.
(José Pérez-Espino)