Reforma
2017-01-17Ciudad de México— En el caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) mira para otro lado sobre la hipótesis del quinto autobús cargado de droga, afirma Carlos Beristain, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su libro "El tiempo de Ayotzinapa", que se presenta esta tarde, el médico español refrenda los puntos más importantes expuestos por el GIEI en sus dos informes, pero narra también complicaciones que tuvieron con la autoridad.
Acusa, por ejemplo, que a pesar de que la PGR se comprometió a solicitar la cooperación de Estados Unidos para indagar más sobre el corredor de tráfico de heroína Iguala-Chicago, la petición correcta se envió poco antes de que el mandato del Grupo concluyera.
"Informantes siempre bien informados nos dicen en voz baja que un cargamento salía en ese tiempo, con puntualidad industrial, cada semana. La fuente es confiable y, en la información, lo de industrial es el detalle que le da credibilidad", asegura Beristain.
Detalla también cómo le mostraron al fiscal del caso que las declaraciones de los detenidos eran contradictorias sobre la "verdad histórica", y semanas después presentaron a otro criminal, cuyo testimonio llenaba esos vacíos.
Otra fuente, con la que se reunió, le aseguró que la SEIDO seguía con el control de la investigación, incluso con micrófonos ocultos, después de que un acuerdo ante la CIDH los dejara fuera del caso.
En la publicación, Beristain sostiene que la entonces procuradora Arely Gómez fue engañada sobre la supuesta identificación de Jhosivani de la Cruz por la Universidad de Innsbruck.
"La procuradora se entera después de que alguien le engañó con una información que anunció y no era cierta", sentencia.
Asimismo, afirma que los de los normalistas que murieron aquella noche, Julio César Ramírez y Daniel Solís, recibieron disparos a quemarropa, según las autopsias, un delito que no se investiga en el caso, como la tortura que sufrió uno de ellos