Rolando Chacón/
Agencia Reforma
Saltillo— Al revelarse pagos por al menos 71 millones de pesos a la empresa Riviera Álamo, relacionada con la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, Coahuila es un ejemplo nacional de impunidad y corrupción, acusó el empresario Armando Guadiana Tijerina.
El promotor de la Soberanía Nacional para Morena en Coahuila, dijo que luego de dejar la Secretaría en medio del escándalo, María Esther Monsiváis es ahora operadora política de Rubén Moreira y del Alcalde de Torreón con licencia, Miguel Ángel Riquelme, quien busca la candidatura del PRI al Gobierno del Estado.
“Rubén Moreira es un incongruente, un típico político que creció a la sombra de su hermano Humberto y está permitiendo el saqueo al erario coahuilense siendo cómplice de esas corruptelas”, dijo Guadiana.
“Más de 200 millones de pesos se han dado a empresas fantasma y Coahuila sigue sin ejercer justicia, una lástima ser ejemplo nacional de impunidad”.
Guadiana, quien denunció los pagos a empresas fantasma ante la PGR y ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila, dijo que no hay avances en las investigaciones, mientras que se confirma que el Gobierno pagó más de 71 millones a Riviera Álamo.
“Pedimos la intervención del Gobierno Federal y así como actúa en Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, pedimos trabajen en Coahuila ya que funcionarios roban y nadie les pone un alto”.
“Sería alarmante que dinero del erario se esté desviando para apoyar a Miguel Riquelme, delfín de Moreira para sucederlo en el poder; no dejaremos de insistir hasta que llegue la justicia y transformación al Estado”, expresó.
Grupo Reforma reveló hoy que, desde dos meses de creada en junio de 2014, la empresa que tiene el giro de constructora, Riviera Álamo, comenzó a facturar al Gobierno de Coahuila por cobijas, juguetes, bolos, ollas y electrodomésticos.
En al menos 39 facturas, el Gobierno de Coahuila pagó más de 71 millones de pesos a la firma, en adjudicaciones directas, sin necesidad de participar en licitaciones, y sin aparecer en el padrón de proveedores del Gobierno estatal.