Agencia Reforma
2017-01-12
Ciudad de México— Las entidades federativas deberán comprobar que los recursos federales asignados en materia de seguridad pública, a partir de 2017, son debidamente ejercidos, comprometidos o devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal vigente.
De lo contrario, señaló la Jefa de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Marcela Andrade Martínez, tendrán que reintegrar a la Tesorería de la Federación en plazos específicos, a partir del 15 de enero de 2018, los recursos que no cumplan con esos criterios.
En una reunión del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, con los secretarios de Finanzas y los secretarios Ejecutivos de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública de las 32 entidades, la funcionaria explicó la relevancia de atender con responsabilidad la Ley de Disciplina Financiera.
Lo anterior, permitirá evitar subejercicios y, a su vez, señaló Andrade, simplificar y agilizar más los procesos administrativos para hacer más eficiente y responsable el uso de los recursos federales en materia de seguridad pública.
Aprietan gasto anticrimen
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los gobiernos de los estados acordaron ayer una serie de medidas para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Entre las acciones, están implementar un Sistema de Seguimiento que permita conocer en tiempo real el estatus de los recursos federales, así como simplificar los requisitos para hacer más ágil la suscripción de convenios y anexos técnicos.
Con ello se busca que las entidades puedan ejercer los 7 mil millones de pesos de fondos anticrimen, aprobados en el Presupuesto de Egresos, de una manera más ágil, oportuna, responsable y eficiente, además de evitar subejercicios.
Ante el escenario presupuestal de austeridad, Vizcaíno señaló que es prioridad del Gobierno Federal que en un ejercicio de corresponsabilidad, se dé cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el ejercicio oportuno y eficaz del FASP.
En específico, apoyarán el fortalecimiento de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS), los Centros de Justicia para las Mujeres, los sistemas de videovigilancia pública y la plataforma del número único de emergencias 911.