Reforma
2017-01-11Ciudad de México– La crisis financiera que vivió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año pasado podría repetirse este 2017, advirtió esta institución de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En su proyección financiera para 2017, la Comisión advierte que para su funcionamiento ordinario requiere de por lo menos 11 millones 500 mil dólares, mientras que la OEA le presupuestó sólo 5 millones 643 mil dólares. El déficit, dijo la CIDH, implica un nuevo riesgo de operatividad.
Este presupuesto fue aprobado el pasado octubre, a pesar de que tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos enviaron una propuesta conjunta para el financiamiento adecuado de ambos organismos.
En diciembre, 21 países, entre ellos México, reconocieron en una declaración la importancia de la CIDH y reiteraron su intención de generar un marco de consultas amplias al respecto, que pidió la Comisión se hagan en este inicio de año.
"La declaración política de 21 estados de la OEA es un gesto de oportunidad en busca de una solución de urgencia para evitar una nueva crisis", señaló el presidente de la CIDH, James Cavallaro.
Para superar el déficit financiero, la Comisión confió en que las contribuciones voluntarias de los estados miembros de la OEA, países observadores y otros donantes, se mantengan en 2017 al mismo nivel que en 2016.
"Hasta la fecha, la CIDH ya ha recibido la garantía de las siguientes contribuciones voluntarias de estados miembros para 2017: Estados Unidos (2 millones 100 mil dólares), Canadá (750 mil dólares) y Panamá (150 mil dólares).
"Uruguay y Argentina anunciaron su voluntad de recibir un periodo de sesiones", detalló.
Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión, lamentó que prácticamente la mitad del presupuesto provenga de donaciones voluntarias, pues ello compromete la sostenibilidad y previsibilidad.
"Como medida de transparencia anunciamos desde ahora nuestro déficit y abrimos todas las puertas al diálogo para fortalecer nuestra plena autonomía e independencia", señaló.
En 2016, organizaciones civiles mexicanas criticaron que el país disminuyó los recursos enviados a la CIDH, aunque el Gobierno aseguró que ha otorgado sin falta sus contribuciones obligatorias.