The New York Times
2016-12-13
Cinco hombres muertos a balazos en una barbería, sus cuerpos tirados junto a la puerta. Un cuerpo decapitado al lado de una colonia en construcción. Otros tres asesinados atrás de un salón de billares y varios más en un bar llamado Tres Mentiras.
Para finales de octubre, al menos 96 personas habían sido asesinadas en Ciudad Juárez. Fue la cifra más grande desde el 2012, sembrando miedos de que regrese el caos de la tierra de pandillas que una vez ganó para la ciudad el título de la más violenta del mundo.
En aquel entonces, el derrame de sangre en la ciudad fue único. Pero ahora tiene compañía, hay otras ciudades en México que están igual o peor. En el último año, el número de homicidios en México se ha disparado a niveles que no se veían en muchos años.
Durante los primeros 10 meses de este año, hubo 17 mil 63 casos de homicidio en México, más del total del año pasado y la cifra más alta en un período de 10 meses desde el 2012. La recaída de la seguridad enervó a México y llevó a muchos a preguntarse si el país está a punto de una sangrienta guerra sin cuartel entre los grupos criminales.
“Es un trauma, es una especie de temor, entre todos los que vimos un asesinato, quienes escuchamos los disparos de armas”, comentó Carlos Nájera, un activista en Juárez. “Todo mundo teme un resbalón de regreso al pasado”.
El repunte de la violencia en México refleja un terreno criminal cada vez más volátil y las limitaciones de la estrategia antinarcóticos de Norteamérica, y ha contribuido a la caída de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto.
Una actividad básica por mucho tiempo de la lucha del Gobierno de México contra el crimen organizado —respaldada por cientos de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos— ha sido ir contra los líderes, bajo la teoría de que cortar la cabeza marchitará el cuerpo. Pero la táctica ha ayudado a fragmentar empresas criminales monolíticas, jerárquicas, en un arreglo de grupos que son más violentos e incontrolables, opinan los analistas.
La creciente inseguridad impone un problema para el presidente electo (de Estados Unidos) Donald J. Trump, quien ha ofrecido pocas pistas sobre cómo piensa enfrentar la lucha contra el narcotráfico y el crimen en el hemisferio.
Su retórica en campaña sugirió una estrategia de contención, siendo la pieza eje la construcción de un muro a lo largo de la frontera entra ambos países para frenar las drogas y la inmigración ilegal. A algunos analistas les preocupa que como parte de este enfoque, el señor Trump podría retirar el limitado apoyo estadounidense a iniciativas en México que buscan fortalecer el gobierno de la ley, fortalecer instituciones y reparar comunidades dañadas por el crimen.
Pero un enfoque de retirada estadounidense podría simplemente dar más espacio a los violentos grupos criminales en México y en todas partes, desestabilizar la región, expresaron los analistas.
“Una respuesta de convertir a Estados Unidos en una fortaleza probablemente demostrará ser insuficiente muy rápidamente”, anticipó Alejandro Hope, un analista de seguridad líder en México.
Observó que toda la heroína que se consume anualmente en Estados Unidos, la mayoría de la cual entra por México, “cabría en unas 1800 a 2000 piezas de equipaje”.
“No detienes eso con un muro”, dijo.
El Gobierno de México ha estado combatiendo a los narcotraficantes por décadas, pero la lucha cobró otra magnitud en el 2006 cuando el presidente de entonces, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narco”.
La milicia mexicana tuvo un éxito parcial en su enfoque, capturando o matando a muchos de los narcotraficantes más buscados en el país. Las cifras mensuales de casos de homicidios, después de subir a la cima de 2 mil 131 en mayo del 2011, poco a poco comenzaron a bajar.
Juárez experimentó parte de lo peor de la violencia, convirtiéndose en un símbolo de la disfunción y la tragedia de México: En lo más alto del derrame de sangre, en octubre del 2010, la ciudad sufrió 359 homicidios, de acuerdo con la Mesa de Seguridad, una fuerza independiente que incluye a representantes de la sociedad civil y el Gobierno. Pero una respuesta intensiva —incluyendo la saturación de la ciudad con fuerzas de seguridad de la Federación y una robusta participación de la sociedad civil— ayudó a cambiar las cosas.
La estrategia nacional de ir contra los líderes, sin embargo, se quedó corta en un aspecto importante: el tráfico de drogas continuó floreciendo. Y conforme los líderes caían, las grandes organizaciones de narcotráfico se partían en pandillas criminales menores, las cuales se enfrascaron en batallas por la sucesión, que llevaron a más violencia.
“Estos grupos, si simplemente los ignoras, son muy poderosos”, explicó Steven Dudley, co-director de InSight Crime, una fundación que estudia al crimen organizado en toda América. “Y si te metes con ellos y se fragmentan, son varias bestias indómitas”.
Desde finales del 2014, las cifras de homicidios han ido a la alza, un incremento que Eduardo Guerrero —asesor de seguridad en la Ciudad de México— ha llamado “la segunda ola de violencia”.
Septiembre —con mil 976 casos de homicidio a lo largo del país— fue el mes más letal en México desde mayo del 2012, y uno de los más mortales que se hayan registrado, de acuerdo con el Ministerio del Interior en México.
Además, mientras la violencia que fue parte de la presidencia del señor Calderón estuvo principalmente concentrada en pocos lugares, como Juárez, el reciente incremento en homicidios ha estado disperso. La violencia ha brotado en lugares que habían experimentado muy poco de eso hasta hace poco, incluyendo Colima, un estado de la Costa Pacífico tradicionalmente tranquilo, y el estado de Guanajuato, un centro creciente de la industria automotriz, y la sede de San Miguel de Allende, un popular destino turísticos para los extranjeros.
Conforme las antiguas estructuras del poder abren paso a las nuevas, se desmorona la cooperación entre las autoridades corruptas y los grupos delictivos, señalaron analistas.
“Los grupos tratan de movilizarse por sí mismos para estar en mejor posición de negociar con el gobierno entrante”, explicó Guerrero. “La incertidumbre de los delincuentes es muy alta, así que en las negociaciones su mejor arma es ‘calentar la plaza”.
Además, las organizaciones criminales han diversificado sus modelos comerciales, incursionando en la extorsión, el robo, el secuestro, la prostitución, el juego ilegal, la piratería de propiedad intelectual y el robo de combustible, dijeron analistas.
“Lo que está pasando en el mundo clandestino de organizaciones delictivas a gran escala, relativamente identificables y con estructura jerárquica cuyo negocio era básicamente traficar drogas hacia Estados Unidos, es una transición hacia grupos diversificados de menor tamaño, de esfera más local, de naturaleza más depredadora”, dijo Hope.
Pero si bien la naturaleza de las operaciones criminales mexicanas se ha modificado, la respuesta gubernamental no ha cambiado”, agregó. “Son muy buenos para capturar a El Chapo pero no tan buenos para abordar la extorsión de tienditas familiares en Guerrero”, señaló, refiriéndose al capturado narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
En agosto, el gobierno de Peña Nieto anunció un plan destinado a reforzar la seguridad en 50 municipios que representan el 40 por ciento de los homicidios registrados a nivel nacional. El Gobierno aún no menciona cuáles serán los municipios y lleva meses proporcionando pocos detalles respecto a la estrategia. Pero en respuesta a preguntas por escrito, esta semana la Secretaría de Gobernación manifestó que el plan incluía la colaboración de autoridades locales, estatales y federales así como el despliegue de fuerzas de reacción rápida en cada uno de los 50 municipios, entre otras medidas.
Aunque reconocen el incremento de homicidios, al parecer los funcionarios han intentado restarle importancia. En rueda de prensa, el mes pasado Renato Sales Heredia, comisionado de seguridad nacional, desestimó el aumento como algo “insustancial”. Más tarde la instancia a su cargo aclaró en entrevista que el comisionado no se había estado refiriendo al repunte de la violencia en el presente año, sino al alza menor que hubo del 2014 al 2015.
Los funcionarios han negado asimismo que el problema sea general. En respuestas a preguntas hechas la presente semana, la Secretaría de Gobernación señaló que en México el 42 por ciento de los homicidios se concentraban en el dos por ciento de los municipios del país, si bien no proporcionó el periodo correspondiente a tal estadística.
Dichas respuestas han hecho a numerosos analistas concluir que el Gobierno carece de una estrategia coherente para abordar el problema.
“Lo único que hacen es confrontar las consecuencias pero no las causas, y lo hacen de manera muy marginal”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, un grupo que estudia temas sobre seguridad y justicia en México.
Sin embargo, en privado funcionarios del Ejecutivo manifestaron gran inquietud en torno a las crecientes cifras e inclusive sobre la posibilidad de que se dé otra guerra contra el narco.
En Juárez, dicha posibilidad es algo tangible. El aumento del presente año en los homicidios ha agravado una especie de estrés postraumático comunal, aun si los números no se parecen al punto máximo de la violencia que hace varios años engulló a la ciudad —descendiendo en noviembre a 33 respecto a los 99 registrados en octubre, de acuerdo con El Diario de Ciudad Juárez.
“Dicen que Juárez volvió a nacer, que está renovado. ¡Mentiras terribles!”, opinó Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, una organización de la sociedad civil. “Persisten las causas de fondo”.
Meza de Anda mencionó problemas tanto nacionales como locales, incluyendo corrupción, impunidad, instituciones públicas débiles, pobreza, desigualdad en los ingresos y desarrollo insuficiente.
“El Estado es cómplice del trastorno”, dijo.
El padre Mario Manríquez, prominente sacerdote en Juárez, ha visto el costo de la negligencia en las calles y en los hogares de su parroquia situada en una colonia del sur de la ciudad —las familias rotas, las vidas sesgadas.
“La violencia nunca desapareció”, señaló.
A la orilla del parque que hay frente a su iglesia, Manríquez construyó un monumento en honor a las víctimas de la guerra contra las drogas en la ciudad. Está cubierto con placas donde se leen los nombres de algunos de los asesinados. El monumento sólo tiene tres años, pero al sacerdote ya está acabándosele el espacio para los nombres nuevos.