Agencia Reforma
2016-11-28
Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto que confirma en definitiva que Pemex incurrió en prácticas monopólicas relativas, por otorgar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el derecho exclusivo para el transporte de combustibles hacia las gasolineras, generando un sobreprecio de más de mil millones de pesos anuales.
La Segunda Sala de la Corte analiza un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que niega a Pemex Refinación el amparo contra la resolución dictada en agosto de 2013 por la Comisión Federal de Competencia Económica.
Dicha resolución ordenó el cese total de la práctica –lo que Pemex lleva sin cumplir–, e impuso dos multas por 653 millones de pesos.
Para aprobar el proyecto se requerirá el voto de tres de los cinco ministros de la Sala, y si el caso se aplaza, será resuelto hasta 2017, pues la sesión del 7 de diciembre es la última del año.
Una jueza federal negó el amparo a Pemex en octubre de 2014, y la PGR solicitó a la Corte atraer la revisión final del caso por su importancia excepcional, por lo que los ministros harán un pronunciamiento integral sobre todos los aspectos de la resolución de la Cofece.
En el proyecto que será discutido el 7 de diciembre, Pérez Dayán rechaza el argumento crucial de Pemex de que el transporte de combustible de las terminales de almacenamiento hacia las gasolineras es un área estratégica de la industria petrolera, y por tanto está exenta de las leyes antimonopolios.
“El hecho de que se suscriba un contrato de franquicia (con las gasolineras), con las obligaciones que esto conlleva en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, no es signo de que el transporte de combustibles en esta etapa sea área estratégica de la industria petrolera”, afirma el proyecto.
Ante la Cofece, la empresa ha alegado repetidamente que no puede cumplir la resolución porque violaría el Contrato Colectivo de Trabajo con el STPRM, que dirige el senador priista Carlos Romero Deschamps e incluso en 2014 presentó un plan unilateral de tres años para implementar las instrucciones del órgano antimonopolios, lo que fue rechazado por el Poder Judicial en marzo de 2015.