José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— El Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá la obligación de garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de los niños extranjeros no acompañados, canalizarlos de inmediato al DIF e informarles que tienen derecho a acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado.
Una reforma a la Ley de Migración aprobada por la Cámara de Senadores establece el deber de las autoridades de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes detenidos en su tránsito a Estados Unidos, que en su mayoría proceden de Centro y Sudamérica.
El proyecto se aprobó un año después de la disculpa pública que ofreció la Procuraduría General de la República a los padres de la niña ecuatoriana Jocelyn Nohemí Álvarez Quillay, de 11 años, quien se quitó la vida en un albergue de Ciudad Juárez el 11 de marzo de 2014.
La menor fue violada por un traficante de personas, pero las autoridades no investigaron ese delito en su momento, lo que motivó la recomendación 22/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida a la PGR y al Gobierno del Estado.
La CNDH acreditó violaciones “a los derechos humanos, a la integridad personal, al debido proceso, así como la omisión en la atención del interés superior de la niñez” en perjuicio de la niña, por lo que solicitó generar protocolos de actuación a favor de los infantes sin papeles.
Tan solo en el primer semestre de 2016, 161 menores de 17 años, indocumentados, fueron detenidos en la frontera de Chihuahua por las autoridades y llevados a una estación migratoria, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, al entrar en vigor la reforma, después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del INM, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos.
El Instituto deberá canalizar de manera inmediata a los menores que se encuentren en esta condición, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales o municipales DIF, según corresponda.
En esas instancias se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia, públicos o privados autorizados por el DIF, para su salvaguarda, mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan, según la reforma.
Las autoridades deberán dar aviso de inmediato al consulado de su país y, en tanto se les traslada a las instalaciones del DIF, asignarles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos en las estaciones migratorias.
La fracción II del Artículo de la Ley de Migración dispone que:
“Se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio; de los servicios a que tiene acceso; y se le pondrá en contacto con el consulado de su país”.
Además, de que “protegiendo en todo caso su interés superior, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular”.
Sobre el tema, la senadora por Chihuahua, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN, dijo que este sector de la población “no tienen la protección adecuada en los hechos, ni en una legislación que no está armonizada con el interés superior de la niñez”.
Es responsabilidad del Estado mexicano respetar su derecho a la libertad, al debido proceso y a la participación en la toma de decisiones respecto a la situación en el país, expuso en la tribuna.
Agregó que los menores migrantes no deben ser presentados ante el Instituto Nacional de Migración, sino canalizados a las instancias de protección de la infancia, conforme dicta la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
No deben ser tratados con una carga punitiva, como sujetos que delinquen o amenazan la seguridad interna, indicó.
Los senadores aprobaron el dictamen que modifica el artículo 112 de la Ley de Migración con 86 votos y realizaron algunas adecuaciones de redacción a la minuta de enviada por la Cámara de Diputados, a donde se regresó el proyecto.